La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la polémica al asegurar que fue el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa, y la Generalitat de Cataluña quienes ordenaron segregar a los mayores, mientras que Madrid "no lo hizo".
La declaración llega tras la publicación de documentos del Ministerio de Sanidad fechados el 5 de marzo de 2020, en los que se recomendaba agrupar a los mayores infectados por COVID-19 en las propias residencias, en vez de derivarlos a hospitales, incluso cuando no existía colapso sanitario. Según esos informes, se aconsejaba mantener a los contagiados aislados en habitaciones con buena ventilación y, si no era posible, aplicar el denominado “aislamiento por cohorte”, es decir, agrupar a varios pacientes en una misma estancia.
Pablo Iglesias y el "escudo social": discurso y medidas en contraste con los hechos
Durante esos primeros días de pandemia, el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, presentó un plan de choque social dotado con 600 millones de euros. En su intervención ante el Congreso, insistió en que “nadie quedaría desamparado” y se comprometió a reforzar las plantillas en residencias de mayores, medicalizar los centros y proporcionar equipos de protección individual (EPI).
Sin embargo, las decisiones posteriores del Ejecutivo en materia de gestión residencial no se alinearon del todo con ese discurso. Iglesias destacó que el Gobierno se haría cargo del refuerzo de servicios sociales, el acompañamiento a personas vulnerables y la habilitación de espacios alternativos. Pero en la práctica, el triaje impuesto a nivel nacional mantuvo a miles de mayores enfermos en sus residencias sin acceso a hospitalización, según diversas fuentes médicas y familiares de víctimas.
Las cifras de la discordia
La Comunidad de Madrid, epicentro del escándalo, ha vuelto a rebajar esta semana el número oficial de fallecidos en residencias durante la primera ola de la COVID-19 a 4.143, frente a los 7.291 que reflejan informes, asociaciones de víctimas y el documental emitido por RTVE. Ayuso ha calificado esta cifra como un "invento" del exconsejero de Ciudadanos Alberto Reyero, quien ha defendido que esos datos se trasladaban diariamente al Ministerio de Sanidad y a la Fiscalía.
Organizaciones como “7.291: Verdad y Justicia” acusan a Ayuso de “mentir” y de “reescribir la historia” para evadir responsabilidades. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado la “escalada de soberbia” de la presidenta madrileña y ha denunciado un intento de “ocultar que miles de mayores murieron de forma indigna por culpa de unos protocolos que les negaban la atención hospitalaria”.
La batalla política y la ausencia de asunción de responsabilidades
El cruce de acusaciones entre Gobierno central y Comunidad de Madrid ha intensificado el clima de confrontación. Mientras Ayuso culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez y lo acusa de haber tomado decisiones letales desde el Ministerio de Sanidad, la oposición le reprocha haber aprobado los denominados “protocolos de la vergüenza”, que impedían derivar a los mayores a hospitales durante la primera ola.
El PSOE y Más Madrid han pedido su dimisión, mientras que Ayuso ha pedido la de Manuela Bergerot (portavoz de Más Madrid) por llamarla “difamadora”. La presidenta madrileña insiste en que “no se sabe cuántos murieron”, y que “la izquierda instrumentaliza el dolor” para obtener rédito político.
En medio de esta pugna, ninguna administración ha asumido plenamente la responsabilidad por los miles de fallecimientos en residencias. Las cifras absolutas, que colocaban a Madrid en cabeza, se relativizan ahora por densidad de población: Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Navarra presentan mayores tasas de fallecidos en proporción a sus habitantes.
Una comisión cerrada, una verdad aún sin consenso
La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid fue clausurada sin conclusiones claras y con posturas enfrentadas. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia, reparación y transparencia. Exigen que se reabra la investigación, se escuche a los trabajadores del sector y se reconozcan los errores cometidos.
Cinco años después, el debate sobre la gestión de la pandemia en las residencias sigue abierto. Las preguntas clave —quién ordenó qué, por qué no se actuó antes, y por qué nadie asume la responsabilidad— continúan sin respuesta. La memoria de los mayores fallecidos sigue siendo el centro de una batalla política que, lejos de cerrarse, sigue generando nuevas heridas.
