La Guardia Civil ha detenido a siete personas acusadas de cometer una serie de asaltos nocturnos en 17 comercios, incluyendo farmacias, bares, clínicas dentales y tiendas de alimentación, en el sur de Madrid y el norte de Toledo. Los ladrones empleaban alcantarillas para fracturar cristales y forzar cierres metálicos, logrando un botín total de 10.000 euros en efectivo.
Modus operandi
La investigación comenzó tras el robo en un bar en Seseña, donde los delincuentes utilizaron una alcantarilla para romper una cristalera, acceder al local y forzar una máquina tragaperras. Posteriormente, la Guardia Civil vinculó este caso a otros 16 asaltos en localidades como Arganda del Rey, Pinto y Villaconejos (Madrid) y Seseña, Esquivias y Añover de Tajo (Toledo).
Los sospechosos, residentes en Aranjuez y Valdemoro (Madrid), también están acusados de hurto de gasoil, ya que repostaban en gasolineras sin pagar antes de perpetrar los robos nocturnos.
Colaboración ciudadana
La detención fue posible gracias a la colaboración ciudadana y los testimonios de testigos, que proporcionaron información clave sobre los sospechosos. Las denuncias recogidas apuntaron a un patrón claro: los autores robaban dinero en efectivo de tragaperras y cajas registradoras en los comercios atacados.
El delito de robo con fuerza
Los detenidos enfrentan cargos por robo con fuerza, un delito que el Código Penal español clasifica dentro de los delitos contra el patrimonio. Este delito, que implica el uso de fuerza para acceder o salir del lugar donde se encuentra el bien robado, conlleva penas de 1 a 3 años de prisión, ampliables a 2 a 6 años si concurren agravantes, como pertenencia a una organización criminal o robo en edificios abiertos al público.
Impacto de los asaltos
El uso de alcantarillas como herramienta para romper cristales no solo facilitó los robos, sino que también causó importantes daños materiales en los establecimientos, además del robo del efectivo.
Con estas detenciones, la Guardia Civil busca poner fin a la actividad de esta banda, que había generado preocupación entre comerciantes de las zonas afectadas. Ahora, los acusados enfrentan un proceso judicial que podría derivar en condenas significativas, dado el número de delitos y la naturaleza organizada de sus acciones.
