La inquiokupación sigue extendiéndose por la Comunidad de Madrid en este 2025, convirtiéndose en uno de los problemas más denunciados por los pequeños propietarios. El servicio 112 Ocupación, activado por el Gobierno regional en 2022, ha registrado solo en lo que va de año un incremento de más del 75% en las llamadas, pasando de 32 en la primera semana de enero a 56 en la primera de febrero. Desde su puesta en marcha, ha gestionado 3.826 avisos, con 219 casos de ocupaciones en curso y 42 desalojos efectivos gracias a la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.
El último caso que ha vuelto a sacudir la opinión pública es el de Catalina, una mujer de 79 años residente en Móstoles, que lleva cinco años viendo cómo su inquilina morosa utiliza su vivienda para subarrendar habitaciones, generando ingresos mientras acumula una deuda de más de 36.000 euros, según contó su hija en Telemadrid. La anciana depende del alquiler para pagar su propia hipoteca y ha sido declarada también como vulnerable, pero la prioridad legal ha recaído en la ocupante.
Este caso no es aislado. La Comunidad de Madrid ha detectado en los últimos meses un repunte de denuncias en distritos como Carabanchel, Vicálvaro, Vallecas y San Sebastián de los Reyes, donde los propietarios denuncian sentirse indefensos ante una legislación que consideran laxa y desequilibrada. En paralelo, mafias organizadas, como la desarticulada en Barajas y Villaverde, continúan operando alquilando legalmente viviendas para luego okuparlas y subarrendarlas, llegando incluso a amenazar a los propietarios con violencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió hace unos meses que el Congreso de los Diputados desbloquee el debate sobre la okupación y ha anunciado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con casos concretos como el de Catalina y otros afectados. Ayuso ha advertido que el crecimiento de la inquiokupación “multiplica la vulnerabilidad de personas mayores y familias” y ha acusado al Gobierno central de “boicotear” cualquier avance legislativo en este ámbito.
Sin embargo, desde el PSOE-M, su secretario general, Óscar López, le resto importancia en su momento, asegurando que afecta a un “0,00000005%” de la población madrileña y ha criticado la estrategia del Ejecutivo regional por desviar la atención del verdadero problema, que es la falta de acceso a la vivienda.
A pesar de que la Delegación del Gobierno sostiene que las ocupaciones en Madrid descendieron en 2024 a la mitad, los datos del 112 y de empresas especializadas en desocupación reflejan un aumento de la demanda de sus servicios del 15%. Además, las asociaciones de afectados alertan de que el 80% de los casos actuales corresponden a inquiokupaciones, una realidad que, aseguran, el Gobierno no contabiliza en sus cifras oficiales.
El caso de Catalina es solo la punta del iceberg de un problema que se ha cronificado y que amenaza con seguir creciendo mientras propietarios y afectados claman por soluciones legales ágiles y eficaces que protejan su derecho a recuperar sus viviendas.
