El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, declarará este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de investigado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contratación de Cristina Álvarez, su asistente personal, cuando Martín ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia.
En un auto dictado la semana pasada, el magistrado sostiene que Martín debe dar explicaciones por su presunta participación en el nombramiento de Álvarez, a quien se le habrían asignado funciones privadas para la esposa del presidente con cargo a los presupuestos públicos.
El juez investiga si la contratación de esta trabajadora pública sirvió para cubrir labores personales de Begoña Gómez, más allá de las funciones institucionales que podrían justificar ese puesto. Esta práctica, aunque no nueva en La Moncloa, está bajo escrutinio judicial tras la querella presentada por Vox, que actúa como acusación popular.
En la causa ya están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño Juan José Güemes y la propia Cristina Álvarez.
Según el juez, el delegado del Gobierno podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, si bien ha descartado los de prevaricación y tráfico de influencias, que también le atribuía Vox.
Durante la instrucción, varios responsables de la Universidad Complutense han declarado que los contactos con Begoña Gómez sobre la cátedra que codirigía se gestionaban a través del correo de Álvarez, lo que ha reforzado las sospechas del magistrado sobre el uso de recursos públicos para actividades privadas.
Martín se suma así a la lista de investigados que tendrán que explicar ante el juez las circunstancias y legalidad de esta contratación, mientras la causa sigue generando repercusión política en plena precampaña electoral.
