El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio para exigir explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la grave avería registrada el pasado 30 de junio en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de La Sagra (Toledo), que afectó a una veintena de trenes y dejó a cientos de pasajeros bloqueados durante horas, sin climatización ni suministros básicos.
La actuación se produce tras conocerse que varios trenes permanecieron más de doce horas detenidos en vía, sin agua, comida ni aire acondicionado, en plena ola de calor. El organismo solicita información sobre el número de viajeros y trenes afectados, así como las medidas adoptadas para informar a los pasajeros, minimizar perjuicios y restablecer el servicio.
Cruce de acusaciones entre Adif y Ouigo
Según Adif, el incidente se originó por un tren de Ouigo que, al perder comprobación con los sistemas de señalización, se detuvo en vía, obligando a frenar a otros cuatro trenes en un tramo de siete kilómetros. La excesiva demanda simultánea de energía para mantener la climatización habría provocado la fusión del hilo de contacto de la catenaria y su caída sobre otro convoy, un Avant de Renfe.
Ouigo ha desmentido rotundamente estas acusaciones, alegando que sus trenes no provocaron ningún daño estructural y que la parada fue una circunstancia operativa habitual. La operadora francesa presentó un informe técnico de Alstom, fabricante y mantenedor de sus trenes, que certifica la ausencia total de anomalías en las unidades implicadas.
El informe de Alstom señala: “En las unidades que operaron el día 30 de junio no se ha constatado ninguna anomalía que justifique daño alguno a la infraestructura”. Además, Ouigo ha reclamado una investigación exhaustiva e imparcial, defendiendo que el tren que quedó enganchado en la catenaria no era suyo.
Obras urgentes en La Sagra
Tras el incidente, Adif ha anunciado obras de emergencia durante una semana para reforzar la fiabilidad del tramo afectado. Estas actuaciones incluyen el desplazamiento de entre 600 y 900 metros del seccionador de la catenaria, una pieza clave cuya ubicación actual se considera crítica en caso de parada imprevista de un tren.
La entidad pública reconoce que estos cambios buscan evitar que un convoy se detenga directamente bajo este componente sensible del sistema eléctrico ferroviario, minimizando así el riesgo de nuevas interrupciones.
Críticas por falta de inversión y previsión
Tanto Adif como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevan años advirtiendo sobre la necesidad de inversiones urgentes en la red ferroviaria para evitar colapsos como el ocurrido. Organizaciones de usuarios han criticado la falta de protocolos de respuesta adecuados ante situaciones de emergencia y la falta de coordinación entre administradores e intervinientes privados.
El caso ha reavivado el debate sobre la infraestructura ferroviaria en España, en especial en un momento de liberalización del mercado y con la entrada de nuevos operadores como Ouigo y Iryo en las rutas de alta velocidad. El incidente en La Sagra pone de relieve las tensiones entre los actores públicos y privados, así como las carencias estructurales que todavía persisten en un sistema considerado referente en Europa.
Mientras tanto, miles de viajeros siguen reclamando compensaciones por los retrasos y las condiciones sufridas durante el bloqueo. La investigación abierta por el Defensor del Pueblo podría obligar al Gobierno a rendir cuentas públicas sobre el estado actual de la red y las responsabilidades derivadas de este nuevo fallo masivo.
