La huelga indefinida iniciada el pasado 1 de abril en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se mantiene firme tras una primera semana de amplio seguimiento, sin que hasta ahora se haya producido ningún avance en las negociaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La protesta, impulsada por los directivos y pre-directivos territoriales del INSS, alcanza un 65 % de participación media nacional y más del 90 % en provincias clave como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Asturias, Alicante y Murcia. La convocatoria responde al grave colapso en la gestión de prestaciones sociales, que arrastra retrasos de más de dos años en miles de expedientes, y a la inacción del Gobierno ante las demandas de modernización y refuerzo de personal.
Sin avances en la negociación
Los representantes del INSS denuncian que, tras una reunión celebrada el pasado 26 de febrero con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, no se ha recibido ninguna propuesta concreta. Además, contradicen públicamente las declaraciones de la ministra del ramo, negando que exista una vía de diálogo abierta.
Ante esta ausencia de soluciones, el colectivo ha convocado paros indefinidos tres días por semana, que se mantendrán hasta lograr un compromiso efectivo que garantice medidas estructurales y refuerzo de recursos en la entidad.
Un sistema desbordado
La situación de saturación en el INSS es crítica. La falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la acumulación de nuevas competencias —como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los complementos de maternidad para varones, o las reformas de la jubilación— han llevado a cifras alarmantes:
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Más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente sin resolver, un 50 % más que en 2023.
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133.000 trabajadores con bajas médicas de más de 365 días, lo que supone un aumento del 80 % respecto al año anterior.
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80.000 reclamaciones previas del IMV pendientes, y otras 60.000 gestiones del mismo sin tramitar.
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Más de 42.000 revisiones de pensiones y 37.000 reclamaciones previas sin resolver.
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17.000 quejas ciudadanas en curso, lo que representa seis veces más que hace dos años.
En palabras de los convocantes, esta situación ha llevado a un colapso operativo que ha obligado a aplicar una gestión deslocalizada de expedientes, rompiendo el vínculo directo entre el ciudadano y su oficina territorial, lo que ha reducido la calidad y la transparencia en los procesos.
Llamamiento a la responsabilidad del Ministerio
Los responsables territoriales del INSS aseguran mantener la mano tendida para el diálogo, pero advierten que no suspenderán la huelga hasta obtener compromisos firmes. Reiteran que el objetivo no es otro que recuperar la calidad del servicio, garantizar los derechos de los trabajadores y asegurar una atención digna y eficiente para los ciudadanos.
En paralelo, exigen una reforma profunda de la estructura organizativa del INSS, junto con la creación de nuevas plazas, actualización tecnológica y dotación de recursos suficientes para responder a los desafíos de la protección social del siglo XXI.
Por el momento, el silencio del Ministerio prolonga un conflicto que ya está agravando la atención a millones de usuarios y que podría escalar aún más en las próximas semanas si no se toman medidas urgentes.
