La red viaria de la Comunidad de Madrid no escapa a la crisis de conservación que afecta a las infraestructuras del país. Un 38% de sus carreteras —más de 1.090 kilómetros— presenta deterioros graves o muy graves, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Aunque los datos sitúan a Madrid como una de las regiones con mejor estado de conservación, la situación requiere actuaciones urgentes, con 550 kilómetros de firme en condiciones críticas que deben ser intervenidos en menos de un año.
A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. El 52% del total de la red estatal —más de 54.000 kilómetros— está gravemente dañada, lo que supone el peor balance desde finales de los años 80, cuando se puso en marcha el último gran Plan General de Carreteras. Para revertir este escenario, la AEC calcula que sería necesaria una inversión total de 13.491 millones de euros. De esta cifra, 288 millones corresponderían a Madrid, en parte debido al encarecimiento de materias primas, energía y mano de obra.
Madrid, entre las comunidades con menos deterioro, pero con retos importantes
Pese al elevado número de kilómetros afectados, Madrid se sitúa entre las comunidades con menor proporción de daños, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que registra un 32% de carreteras en mal estado. En contraste, regiones como Aragón (68%), Castilla-La Mancha (59%) y Galicia (59%) encabezan el listado de las redes viarias más deterioradas del país.
Según el informe de la AEC, los daños detectados en la Comunidad de Madrid incluyen baches, grietas longitudinales y transversales, piel de cocodrilo y descarnaduras, tanto en el ámbito estructural como en la superficie del firme. Además, 541 kilómetros más necesitan intervención en un plazo inferior a cuatro años para evitar pasar a un estado crítico.
Efectos económicos y sociales del deterioro viario
Más allá del impacto visual o técnico, el mal estado de las carreteras tiene un coste directo para la economía y para los ciudadanos. Solo durante los meses de julio y agosto de 2025, la AEC estima que el sobrecoste en combustible por el deterioro del asfalto superará los 270 millones de euros a nivel nacional. Esto se debe a que circular por vías en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible, lo que afectará a los más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por la Dirección General de Tráfico (DGT) este verano.
En términos logísticos, el deterioro obliga a reducir la velocidad media de circulación en un 10%, lo que se traduce en tiempos de viaje hasta un 25% más largos en el caso de los autobuses, un 20% para turismos y un 12,5% en camiones. Este aumento de los tiempos tiene consecuencias directas en el precio de los productos, ya que encarece el transporte de mercancías hasta en un 10%.
Infraestructuras amenazadas y retos medioambientales
El informe de la AEC también advierte de que el actual déficit de conservación podría paralizar procesos clave como la transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas, tal como exige la agenda europea. Esto incluye desafíos como la descarbonización del transporte, la implantación de vehículos autónomos o la reducción a la mitad del número de fallecidos en carretera antes de 2030.
En este contexto, la Comunidad de Madrid, que ya dispone de una Estrategia de Conservación de Carreteras 2022-2025 dotada con más de 187 millones de euros para sus 2.500 kilómetros de titularidad autonómica, deberá reforzar su esfuerzo inversor si quiere mantener su red entre las mejores del país.
Un plan de choque nacional, la propuesta de la AEC
Para afrontar este problema estructural, la AEC reclama un plan de choque a escala nacional, con aportaciones del Estado, las comunidades autónomas y fondos europeos, además de fomentar la colaboración público-privada. La inversión prioritaria, aseguran, no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también un elemento esencial para la competitividad económica del país y su transición hacia un modelo de movilidad sostenible.
En resumen, Madrid, pese a figurar entre las comunidades con mejor estado de conservación viaria, no está exenta de riesgos ni de necesidades urgentes de inversión. En el marco de una red nacional envejecida y sobrecargada, la región deberá acelerar su esfuerzo en mantenimiento para evitar que el deterioro avance al ritmo que ya se constata en buena parte del país.
