La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse una respuesta contundente ante los escándalos de corrupción que afectan a las contrataciones públicas. Su presidente, José María Torres, reclama el cese inmediato de todos los responsables políticos implicados y una reforma profunda de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la creación de un registro de empresas inhabilitadas por malas prácticas.
En un contexto marcado por el reciente informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su presunta vinculación con prácticas irregulares, CONPYMES —que representa a más de 2 millones de pymes y autónomos en España— denuncia que “el sistema actual premia a quienes han defraudado al Estado y castiga a las empresas honestas que compiten en desigualdad”.
Contratación pública: un sistema opaco y vulnerable
Torres subraya que el gasto en contratación pública en España representa un 11,5 % del PIB, casi una cuarta parte del gasto público total. Sin embargo, el 34 % de las licitaciones estatales tienen solo un licitador y el 65 % tres o menos, lo que incrementa el riesgo de corrupción y colusión. A su juicio, “empresas multadas o con directivos condenados siguen recibiendo adjudicaciones millonarias mediante procedimientos opacos, en muchas ocasiones sin competencia real”.
Medidas urgentes reclamadas por CONPYMES
La organización propone un plan de reformas ambicioso para erradicar estas prácticas, entre las que destacan:
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Cese inmediato e inhabilitación de cargos públicos implicados en prácticas corruptas.
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Prohibición de contratar con empresas condenadas, directa o indirectamente, incluyendo filiales o entidades con cambios nominales.
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Reforma integral de la Ley de Contratos del Sector Público, para limitar los procedimientos sin publicidad y reforzar el control.
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Creación de un registro público obligatorio de empresas inhabilitadas accesible para todas las administraciones.
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Auditoría de los contratos otorgados en la última década a empresas sancionadas, con publicación íntegra de datos.
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Aplicación real de cláusulas éticas en concursos públicos y sanciones ejemplares.
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Implementación de las recomendaciones de la CNMC y vigilancia activa frente a la colusión.
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Formación técnica del personal de contratación, incluyendo herramientas como IA BRAVA o el check-list de la CNMC.
Representación justa en el Diálogo Social
Torres denuncia además una “anomalía democrática” al señalar que las pymes y autónomos —que representan el 99,8% del tejido empresarial y el 75% del empleo— no están incluidos en el Diálogo Social con voz propia. “Es fundamental que podamos contribuir activamente a la política social y laboral de España y defender nuestros derechos”, ha declarado.
El líder de CONPYMES concluye que “es inadmisible que empresas con antecedentes penales sigan beneficiándose del presupuesto público mientras las pymes son sistemáticamente excluidas”. La organización pide al Gobierno que actúe de forma “urgente, ética y estructural” para garantizar una contratación pública justa, transparente y al servicio del interés general.
