Los centros de estancia temporal para inmigrantes ilegales en Alcalá de Henares y Carabanchel, abiertos hace más de un año en la Comunidad de Madrid, han acogido ya a 16.000 personas desde su apertura, con un flujo constante de 1.300 nuevos migrantes cada mes, según los datos del Ministerio de Inclusión.
Estas instalaciones fueron habilitadas como una solución ante el desbordamiento de los centros de acogida en Canarias, principal punto de entrada de la inmigración irregular en España. Se trata del Cuartel General Arteaga en Carabanchel, con una capacidad de 1.200 plazas, y del acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares, con una capacidad máxima de 1.100 personas. Ambos recintos fueron cedidos por el Ministerio de Defensa para paliar la crisis migratoria.
Denuncias por falta de información y recursos
A pesar de la importancia de estos centros, los ayuntamientos afectados siguen denunciando la falta de información y transparencia por parte del Gobierno central. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha criticado en varias ocasiones la ausencia de comunicación y la falta de recursos adecuados en estas instalaciones:
"Ya han pasado más de 7.000 personas en un año por el centro de acogida de Alcalá, una infraestructura que carece de dotaciones adecuadas", ha afirmado la regidora.
Desde el consistorio alcalaino se ha reiterado que el Gobierno no proporciona detalles sobre la gestión del centro, la duración de las estancias de los migrantes o los recursos adicionales que se destinarán a la ciudad para hacer frente a la presión que genera la llegada masiva de personas en situación de vulnerabilidad.
Expansión de los centros y preocupación ciudadana
Ante el continuo aumento de migrantes en la región, el Gobierno ha anunciado que se ampliarán en 510 plazas los centros de Carabanchel y Alcalá de Henares. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de los responsables municipales, quienes insisten en que no se han ofrecido garantías sobre la adecuación de las infraestructuras ni sobre la financiación de los servicios necesarios para atender a esta población.
Además, en los barrios cercanos a estos centros, vecinos y asociaciones han manifestado su inquietud por la falta de información y medidas de integración para las personas acogidas, lo que podría generar tensiones en la convivencia.
A pesar de estas quejas, desde el Ministerio de Inclusión han defendido la apertura de estos centros como una medida necesaria para aliviar la presión en otros puntos de España y garantizar que los inmigrantes tengan un lugar donde alojarse temporalmente mientras se resuelve su situación legal.
Un desafío en crecimiento
La crisis migratoria sigue siendo uno de los principales desafíos para las administraciones locales y nacionales, que buscan soluciones sostenibles sin generar conflictos en las comunidades de acogida. Mientras tanto, los ayuntamientos de Alcalá y Carabanchel insisten en que se les informe y se les dote de recursos adecuados para gestionar esta situación con eficacia.
