La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha denunciado públicamente la “deriva trumpista” de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del Partido Popular regional por el contenido del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que contempla un régimen sancionador inédito para las universidades públicas madrileñas.
Según ha advertido el sindicato, esta norma impulsada por la Consejería de Educación introduce sanciones económicas desproporcionadas que buscan “amordazar al estudiantado y al profesorado”, restringiendo gravemente los derechos fundamentales de libertad de expresión, manifestación y participación política dentro del ámbito universitario.
Un régimen sancionador “propio de épocas pasadas”
El borrador establece multas de hasta 1.000.000 de euros para infracciones “muy graves”, entre las que se incluyen actos como permitir protestas contra la propia presidenta autonómica o permitir manifestaciones en defensa de causas internacionales como la situación en Gaza. También se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas y de hasta 15.000 euros por colocar pancartas o símbolos no permitidos dentro del campus.
Para CCOO, estas medidas suponen una ofensiva sin precedentes contra la autonomía universitaria y la crítica política, y representan un intento por criminalizar las protestas dentro del entorno académico.
“La presidenta regional no soporta las voces críticas ni el pensamiento libre. Como Trump, quiere silenciar la disidencia y blindarse frente al rechazo ciudadano”, han señalado desde el sindicato.
Exigencia de retirada y apertura de diálogo
CCOO de Madrid ha reclamado la retirada inmediata del borrador de la LESUC, así como la apertura de un proceso de negociación real que implique a partidos políticos, sindicatos, estudiantes, docentes y sociedad civil, con el objetivo de elaborar una ley que respete el pluralismo, la libertad académica y la suficiencia financiera de las universidades públicas.
El sindicato considera que, lejos de responder a una necesidad real del sistema universitario, esta ley busca restringir derechos y aplicar un control ideológico sobre el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.
Además, CCOO denuncia que esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Ayuso de desprestigiar y desfinanciar a la universidad pública, mientras se promueve la expansión del modelo universitario privado y concertado.
“No se puede permitir que se normalice la represión dentro de nuestras aulas y campus. Las universidades deben seguir siendo espacios de pensamiento libre y crítica democrática”, concluye el comunicado sindical.
La federación sindical ha avanzado que, de no retirarse la propuesta legislativa, convocará movilizaciones junto al resto de la comunidad educativa universitaria para defender la autonomía universitaria, los derechos fundamentales y el futuro de la educación pública en Madrid.
