El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Madrid para colaborar en la lucha contra los pisos turísticos ilegales, criticando duramente la pasividad del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en este ámbito. “No hacer nada encubre la ilegalidad”, ha sentenciado el ministro, tras reunirse con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.
La oferta de cooperación del Gobierno coincide con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a las comunidades de vecinos vetar la instalación de viviendas de uso turístico (VUT) en sus edificios, siempre que lo aprueben con una mayoría del 60 %. Bustinduy ha calificado este avance como una “victoria del movimiento vecinal contra el modelo de especulación”.
Durante su comparecencia, el ministro ha recordado que más del 90 % de las VUT de Madrid son ilegales, según datos del propio Consistorio, y ha denunciado que el Ayuntamiento no ha actuado pese a las múltiples denuncias. “Hace un año se denunciaron 10.000 pisos turísticos ilegales. Hoy son más de 15.000 y Almeida sigue sin hacer nada”, ha criticado.
Como ejemplo de buena gestión, Bustinduy ha señalado a Barcelona, donde “la exalcaldesa Ada Colau eliminó más de 7.000 anuncios ilegales e impuso más de 9.000 sanciones”. Ha insistido en que otras administraciones, incluso del mismo signo político que el Gobierno local madrileño, están actuando con firmeza, retirando anuncios, realizando inspecciones y devolviendo estas viviendas al mercado del alquiler.
Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, ha respondido a estas declaraciones asegurando que la modificación normativa estatal “llega tarde” y ha defendido la inminente aprobación del Plan Reside, la normativa municipal que calificó como “mucho más garantista y restrictiva”. Según Sanz, esta nueva regulación ofrecerá seguridad jurídica tanto a vecinos como al sector turístico.
En paralelo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha viajado a Barcelona para conocer de primera mano las políticas puestas en marcha contra las VUT. Allí, ha criticado la “chapuza” del plan de Almeida, subrayando que desde su entrada en vigor apenas 251 viviendas han sido regularizadas, mientras el número de pisos ilegales continúa aumentando. “La dejación de funciones del Gobierno municipal es clamorosa”, ha asegurado Maroto.
Bustinduy ha cerrado su intervención subrayando que la solución pasa por inspeccionar, sancionar y reconvertir las VUT ilegales en viviendas residenciales. Para ello, ha reiterado su disposición a sentarse con el Ayuntamiento para explicarle “cómo puede hacerlo”.
