El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y sus administradores, incluido su fundador, Álvaro Romillo, conocido como "CryptoSpain". La investigación apunta a una supuesta estafa piramidal que podría haber afectado a más de 27.000 personas, con un fraude estimado en más de 300 millones de euros.
Además, se indaga sobre un posible pago de 100.000 euros en metálico al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para financiar su partido político, Se Acabó la Fiesta (SALF). Según fuentes judiciales, este pago se habría realizado para obtener favores futuros y aprovechar la influencia del eurodiputado, tanto en redes sociales como en el ámbito político.
El caso Madeira Invest: una red internacional de fraude financiero
La plataforma Madeira Invest prometía altos rendimientos a sus inversores mediante un "club privado" de inversiones en bienes de lujo como relojes, coches y propiedades. Sin embargo, el juez Calama considera que los hechos son susceptibles de constituir un delito de estafa, dada la magnitud del perjuicio económico y el alcance internacional del entramado.
Con conexiones en países como Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, la investigación requiere instrumentos de cooperación jurídica internacional para rastrear activos financieros y desentrañar la estructura societaria implicada.
Entre los bienes ya embargados figuran 24 vehículos de alta gama, incluidas unidades de Ferrari, Jaguar y Porsche, así como diversas propiedades en Madrid, Segovia, Alicante y Toledo.
Alvise Pérez: posible financiación ilegal y nexos con Madeira Invest
El juez ha desestimado, por el momento, trasladar la causa al Tribunal Supremo para investigar a Alvise Pérez, quien goza de fuero parlamentario por su condición de eurodiputado. Según el magistrado, es necesario que existan indicios claros de responsabilidad antes de solicitar la intervención del alto tribunal.
El propio Álvaro Romillo declaró ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a Pérez, presuntamente destinados a la campaña electoral de SALF. Mensajes intercambiados entre ambos, ahora en manos de la Fiscalía, corroborarían esta transacción. No obstante, el eurodiputado no acudió a la citación voluntaria por encontrarse en Bruselas, según indicó su abogado.
Más de 27.000 afectados y 300 millones en pérdidas
Las denuncias admitidas por la Audiencia Nacional han sido presentadas por:
- Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios.
- Asociación de Usuarios de Criptomonedas.
- Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, representando a más de 500 afectados.
Según los abogados de estas asociaciones, los inversores debían pagar 2.000 euros anuales para acceder al "club", siendo convencidos con estrategias de marketing agresivo para realizar aportaciones promedio de 100.000 euros.
El futuro de la investigación
El caso Madeira Invest se perfila como uno de los mayores fraudes financieros investigados por la Audiencia Nacional. Además de la supuesta estafa piramidal, las ramificaciones políticas y la posible implicación de un eurodiputado podrían llevar la causa al Tribunal Supremo.
El juez Calama ha ordenado el embargo de bienes y la emisión de comisiones rogatorias internacionales mientras prosiguen las diligencias para identificar a todos los responsables y localizar los activos defraudados.
