Vivienda

La FEMP ofrece a los ayuntamientos como aliados en el desarrollo de vivienda y pide usar los remanentes para construcción

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha presentado hoy en el foro Rebuild de Ifema la Guía de recomendaciones para una tramitación ágil en materia de vivienda. 

García Pelayo en Ifema - Foto de la FEMP
photo_camera García Pelayo en Ifema - Foto de la FEMP

Este documento nace con el objetivo de abordar uno de los principales problemas estratégicos del país y ofrece soluciones basadas en experiencias positivas de diferentes municipios para evitar la ralentización en la concesión de licencias de obra.

Durante su intervención, García-Pelayo ha subrayado que en la actualidad se tarda más tiempo en tramitar las licencias administrativas que en ejecutar la construcción física de los edificios. Por este motivo, ha invitado a todos los agentes del sector a ver a las entidades locales como aliados estratégicos en lugar de obstáculos burocráticos. La guía aporta recomendaciones sobre legislación y gestión interna para que los ayuntamientos ganen eficiencia y competitividad en la promoción de vivienda.

Petición al Gobierno para invertir 24.000 millones de euros

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez ha aprovechado el encuentro para realizar una propuesta económica al Gobierno de España a la espera de la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda. García-Pelayo ha solicitado formalmente que se permita a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería para promover la construcción de viviendas. Según los datos facilitados, mientras el Estado prevé invertir 7.000 millones de euros, los remanentes municipales alcanzan los 24.000 millones, lo que permitiría triplicar el presupuesto actual destinado a esta materia en España.

Asimismo, la representante de los municipios españoles ha recordado que la Unión Europea está demandando a España una bajada del IVA en el sector, una medida que repercutiría directamente en un descenso de los precios finales para los ciudadanos.

García-Pelayo ha concluido destacando que el sector de la construcción debe ser un dinamizador de la economía y el empleo en pueblos y ciudades, garantizando el cumplimiento del derecho constitucional al acceso a una vivienda digna.