La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado al Ministerio de Hacienda que autorice a los ayuntamientos a utilizar parte del remanente de tesorería —que asciende a 22.000 millones de euros— para financiar la construcción de vivienda pública. La medida, argumentan, permitiría dar respuesta al grave déficit habitacional que atraviesa el país y que, según el Banco de España, alcanza ya las 700.000 viviendas necesarias para cubrir la demanda actual.
La petición llega en un contexto de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, con precios del alquiler y la compra al alza en buena parte de las ciudades españolas y dificultades crecientes de acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
Una reivindicación que se repite cada año
Desde la FEMP recuerdan que en ejercicios anteriores se aprobaron decretos que permitían a los consistorios destinar sus superávits a “inversiones financieramente sostenibles”, una fórmula que se ha utilizado para mejorar infraestructuras, equipamientos urbanos o servicios públicos. Sin embargo, en 2025 aún no se ha autorizado ninguna medida similar, lo que mantiene bloqueada la posibilidad de invertir esos fondos en proyectos de vivienda asequible.
“Los ayuntamientos disponen de recursos suficientes y la necesidad de vivienda es urgente. Reclamamos flexibilidad normativa para poder invertir el ahorro municipal en soluciones habitacionales”, subrayan desde la FEMP.
El remanente de tesorería está formado por los excedentes presupuestarios acumulados por los ayuntamientos durante los últimos años, en gran parte debido a las restricciones impuestas por la Ley Presupuestaria de 2013, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Una ley que limita el gasto municipal
Dicha normativa obliga a que los superávits municipales se destinen exclusivamente a la reducción de deuda, lo que ha impedido a las corporaciones locales emplear esos fondos en inversiones sociales o estratégicas. Desde el Ministerio de Hacienda han recordado que la ley sigue vigente, aunque han señalado que los grupos parlamentarios pueden proponer su reforma si lo consideran oportuno.
Mientras tanto, la FEMP insiste en que la rigidez presupuestaria impide a los municipios actuar frente a una emergencia habitacional creciente, especialmente en las grandes áreas urbanas y zonas tensionadas, donde la falta de vivienda pública agrava la desigualdad y expulsa población joven.
700.000 viviendas faltan en España
El Banco de España estima que en el país faltan al menos 700.000 viviendas para atender la demanda actual, una cifra que podría aumentar si no se impulsa la construcción y rehabilitación de vivienda asequible. Los expertos coinciden en que la oferta pública es insuficiente, con un parque de vivienda social que apenas representa el 2,5% del total, muy por debajo del 15% de países europeos como Países Bajos o Austria.
Llamamiento a un pacto de Estado por la vivienda
La FEMP considera que permitir el uso del remanente municipal sería un primer paso hacia un plan coordinado de construcción de vivienda pública. La federación defiende que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y, por tanto, las más capacitadas para identificar y atender las necesidades reales de cada territorio.
“Si queremos frenar la crisis de acceso a la vivienda, necesitamos medidas inmediatas y flexibles, no marcos legales que bloqueen la acción municipal”, concluyen desde la organización.
Con la negociación presupuestaria de 2026 a la vista, la propuesta de la FEMP reabre el debate sobre la autonomía financiera de los ayuntamientos y la necesidad de destinar los recursos públicos acumulados a resolver uno de los mayores retos sociales del país: el acceso a una vivienda digna y asequible.
