El proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno ha arrancado este jueves marcado por la presión judicial y política. El Tribunal Supremo ha requerido al Ejecutivo que remita el expediente administrativo del real decreto en un plazo improrrogable de 20 días, coincidiendo con el inicio de las solicitudes.
La decisión se produce tras la admisión a trámite del recurso presentado por Hazte Oír, que cuestiona la legalidad de la medida al considerar que supone un cambio estructural en la política migratoria del Estado.
El Supremo pide explicaciones pero no suspende la medida
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado formalmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que entregue toda la documentación del real decreto aprobado por el Gobierno.
No obstante, el alto tribunal ha rechazado por el momento la suspensión cautelar de la norma, lo que permite que el proceso de regularización continúe su curso mientras se analiza el fondo del recurso.
Desde Hazte Oír se argumenta que la medida genera efectos jurídicos inmediatos, como la concesión de permisos de residencia y trabajo o el acceso a prestaciones, lo que dificultaría revertir la situación en caso de una futura sentencia contraria.
Arranca una regularización que podría afectar a 500.000 personas
El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, aprobó esta semana el real decreto que contempla la regularización de hasta 500.000 personas, entre solicitantes de asilo y ciudadanos en situación irregular.
La ministra Elma Saiz ha señalado que el proceso avanza “a buen ritmo”, aunque sin concretar cifras de solicitudes ya registradas.
Mientras tanto, en varias ciudades españolas se han registrado largas colas en consulados y oficinas administrativas, con cientos de personas tratando de obtener documentación como certificados de antecedentes, requisito imprescindible para acceder al proceso.
Choque político y recursos en cadena
La regularización ha intensificado la confrontación política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la medida, calificándola de “regularización masiva indiscriminada” y alertando de un posible “efecto llamada”.
En la misma línea, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha advertido de consecuencias como el colapso de servicios públicos y problemas de seguridad.
Además, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estudian recurrir la medida ante el Tribunal Supremo, lo que podría abrir una batalla judicial de largo recorrido.
El Gobierno defiende una “regularización histórica”
Frente a las críticas, el Ejecutivo defiende el proceso como un avance social y económico. Sánchez ha calificado la iniciativa como una “regularización histórica”, destacando que permitirá a miles de personas reconocer sus derechos y cumplir sus obligaciones dentro del sistema.
El presidente también ha subrayado el impacto positivo de la medida en términos de integración, mercado laboral y cohesión social, en línea con las demandas de organizaciones sociales y parte del tejido económico.
