La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un duro informe en el que sostiene que la presunta red de tráfico de influencias articulada en torno al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no poseía un carácter "meramente institucional o representativo", sino que operaba de forma coordinada con el objetivo directo de alcanzar los "fines económicos perseguidos por sus clientes" a cambio del cobro de comisiones ilegales.
El dictamen del Ministerio Público, fechado el pasado 18 de mayo y conocido ayer, sitúa al exlíder socialista como la "“figura principal" de una organización criminal dotada de una "estructura jerárquica, de distribución funcional y carácter permanente" que vendría desarrollando sus actividades ilícitas al menos desde 2020. Los fiscales encargados del caso hicieron suyas las tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para respaldar la batería de registros y el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del expresidente ejecutados la pasada semana.
Un liderazgo invisible para influir en adjudicaciones y rescates
A raíz de las evidencias recopiladas en el sumario, Anticorrupción atribuye de forma provisional a los miembros de la red la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía destaca que la plataforma operaba bajo una "apariencia formal" de representación institucional y consultoría para camuflar lo que, a efectos prácticos, consistía en una explotación sistemática de los contactos empresariales y gubernamentales del expresidente, quien procuraba de forma deliberada no figurar en ningún documento o registro mercantil como un agente vinculado de forma directa.
La investigación sitúa el expediente del rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra como el "ejemplo paradigmático" del modus operandi de la trama. Según se detalla en el texto judicial, la red de influencias de Rodríguez Zapatero habría desplegado presiones y gestiones coordinadas ante estamentos críticos como el Banco Santander, la tecnológica Indra o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el propósito de allanar el terreno y acelerar la concesión definitiva de la inyección pública de 53 millones de euros que recibió la compañía aérea.
El reparto de funciones y los archivos de 'Análisis Relevante'
Los informes de la UDEF avalados por la Fiscalía certifican que el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la pirámide era "no visible formalmente", pero plenamente ejecutivo y real, sustentado en las "recurrentes referencias a su capacidad de decisión, coordinación e influencia" que realizaban el resto de los encausados. La principal prueba material que esgrimen los investigadores son los archivos informáticos en formato Excel que el propio exjefe del Ejecutivo remitió a la consultora empresarial Análisis Relevante.
El Ministerio Público ha identificado un reparto de funciones perfectamente delimitado y con vocación de continuidad en el tiempo. Junto al expresidente de Gobierno, la Fiscalía sitúa en el núcleo duro de la trama a su amigo íntimo Julio Martínez Martínez (propietario de la citada consultora), a su secretaria personal María Gertrudis Alcázar Jiménez y al gestor Cristóbal Cano Quiles, este último señalado como el encargado de pilotar la operativa ordinaria y la gestión del día a día de la red delictiva.
