La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a un hombre acusado de estafar cerca de 12.000 euros a una agencia de viajes de Pinto mediante falsas reservas de viajes religiosos a distintos destinos europeos.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa y solicita para el acusado dos años de prisión, además de la devolución íntegra del dinero presuntamente defraudado.
Un plan basado en una falsa intermediación internacional
Según el escrito de acusación, el procesado habría ideado el fraude tras contactar con la administradora de la agencia Viajes Xaritour 2014 S.L., donde anteriormente había trabajado como guía turístico.
El acusado fingió actuar como intermediario de una supuesta agencia italiana especializada en turismo religioso, ofreciendo viajes a precios reducidos bajo la premisa de alojamientos en monasterios y centros religiosos.
Pagos entre 2019 y 2020 para viajes inexistentes
Entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, la responsable de la agencia realizó diversas transferencias bancarias al acusado para cubrir reservas y depósitos de viajes organizados a Roma, Suiza, Frankfurt y el Algarve.
Para reforzar el engaño, el acusado habría enviado correos electrónicos simulados, supuestamente remitidos por un sacerdote italiano llamado “Giorgio”, en los que se solicitaban nuevos pagos para formalizar reservas, ampliar plazas o cubrir gastos adicionales.
Presión mediante mensajes y uso personal del dinero
La Fiscalía sostiene que el procesado utilizó también mensajes de WhatsApp para presionar a la empresaria, alegando urgencia en los pagos por cierres inminentes de oficinas o necesidad de asegurar plazas.
Según la acusación, el dinero transferido fue destinado a gastos personales del acusado, mediante retiradas en efectivo, compras con tarjeta y pagos domiciliados, sin que los fondos llegaran en ningún momento a ninguna agencia de viajes.
Reclamación económica y responsabilidad penal
La cantidad total presuntamente defraudada asciende a 11.990 euros, importe que reclama la empresa perjudicada.
El caso se centra ahora en determinar la responsabilidad penal del acusado en un proceso en el que la Fiscalía considera acreditado un engaño sostenido en el tiempo mediante documentación y comunicaciones falsas.
