El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido un requerimiento formal a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que proceda a la entrega inmediata de todas las comunicaciones y correos electrónicos de los años 2020 y 2021, periodo crítico en el que se tramitó y aprobó el rescate financiero de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
Según consta en el auto judicial, el magistrado considera "esencial" el acceso a estos servidores para determinar el alcance y la naturaleza de las relaciones económicas bajo sospecha, así como para reconstruir la trazabilidad de unas operaciones que la instrucción penal vincula con la presunta comisión de ilícitos penales. El paso del instructor llega tras las duras advertencias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha acusado al organismo público de remitir información sesgada, carpetas vacías y archivos informáticos corruptos que impiden el avance de las pesquisas.
La UDEF evidencia un "flujo oculto" de comunicaciones
Los investigadores policiales destaparon la anomalía tras constatar que, pese a los reiterados requerimientos oficiales, la SEPI únicamente había aportado al sumario una serie de correos electrónicos cruzados entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y la aerolínea fechados exclusivamente en el año 2025. Para la UDEF, esta documentación carece de relevancia procesal al dejar fuera del radar judicial toda la fase de negociación y aprobación del expediente del rescate otorgado por el Consejo de Ministros.
La Policía Nacional sostiene en sus informes que las comunicaciones de 2020 y 2021 "existen o han existido", aportando como prueba el hallazgo fortuito de varios archivos en formato PDF ubicados en carpetas de seguimiento secundarias. En concreto, los agentes detectaron tres documentos que certifican cómo altos cargos de la entidad pública estatal requerían documentación a Plus Ultra para subsanar deficiencias en su solicitud.
Esta circunstancia deja patente, según el criterio de la UDEF, que existió un flujo constante de comunicación directa entre la cúpula de la aerolínea privada y José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas IV de la SEPI y una de las figuras clave en la gestión del fondo de solvencia, sin que tales correos electrónicos hayan sido formalmente incorporados al expediente oficial de la ayuda institucional.
Carpetas vacías y archivos ilegibles en el sumario
El informe policial remitido al juez Calama censura abiertamente los métodos de colaboración del holding público de empresas del Estado. Los peritos informáticos de la UDEF han denunciado el envío por parte de la SEPI de soportes digitales con carpetas de almacenamiento completamente desprovistas de contenido, así como un volumen significativo de archivos con extensiones no identificables que resultan imposibles de abrir o decodificar.
A esta falta de transparencia se suma, según el cuerpo policial, la ausencia injustificada de numerosa documentación complementaria que aparece formalmente referenciada en el índice general del expediente del rescate, pero que ha sido omitida en el volcado final entregado a la Audiencia Nacional.
Con esta nueva orden de entrega coercitiva, el tribunal busca romper el bloqueo administrativo para dirimir si la inyección de fondos públicos a Plus Ultra cumplió con los requisitos de legalidad exigidos a las empresas estratégicas o si se incurrió en delitos de malversación o prevaricación.
