La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa por presunta malversación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El Ministerio Público concluye que la colaboración puntual de Álvarez con Gómez no supuso perjuicio alguno para el patrimonio público.
La posición de la Fiscalía
En un informe fechado el pasado sábado, el fiscal sostiene que la esposa de Pedro Sánchez “no ostenta la condición de funcionario público” y, por tanto, no puede ser considerada sujeto activo del delito de malversación. Subraya además que Gómez “no tiene facultades para la designación de personal eventual ni para la supervisión de su actividad”.
En cuanto a los correos electrónicos enviados por Álvarez, el fiscal los considera gestiones compatibles con sus funciones de asesora en Presidencia. “No ha existido detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público”, recalca el escrito.
Los correos en cuestión
La investigación incluyó 121 correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y la Universidad Complutense de Madrid sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por Gómez. El Gobierno insiste en que estos mensajes, enviados desde una cuenta personal de Gmail, “en ningún caso” mencionan al Ejecutivo ni al presidente.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió tras el Consejo de Ministros que “sabemos lo que ya sabíamos: que no hay nada”. Recalcó que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado lleva más de un año sin encontrar pruebas que sustenten la acusación.
El papel del delegado del Gobierno
Sobre Francisco Martín Aguirre, la Fiscalía señala que no existe imputación racional sobre ninguna actuación concreta vinculada a los hechos investigados.
Debate político abierto
El Ejecutivo se apoya también en el informe de la Intervención General del Estado, que detectó “fraude de ley” en contratos de Red.es adjudicados a una empresa de Juan Carlos Barrabés, pero subrayó que en ningún caso implica delito de Begoña Gómez.
En paralelo, el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, acusa al Gobierno central de incurrir en una “prevaricación de libro”, manteniendo vivo el enfrentamiento político en torno al caso.
