El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que el proceso judicial por las presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia sea enjuiciado por un jurado popular y no por un tribunal profesional.
La petición, presentada por su abogado, se apoya en que los principales delitos que se le imputan —cohecho, tráfico de influencias y malversación— se encuentran dentro de las competencias del Tribunal del Jurado, según la normativa vigente.
La defensa sostiene que la causa es competencia del Tribunal del Jurado
En su escrito, la defensa de Ábalos subraya que solo dos de los delitos recogidos en la acusación no corresponderían al ámbito del jurado, mientras que “el grueso de las imputaciones” sí deberían ser valoradas por ciudadanos legos en Derecho.
El movimiento jurídico busca cambiar el escenario procesal en una causa de enorme trascendencia política y mediática, en la que se investiga si Ábalos se habría concertado con su entonces asesor Koldo García para obtener beneficios económicos a través de contratos públicos gestionados durante la crisis sanitaria.
Riesgo extremo de fuga y prisión preventiva
Tanto Ábalos como Koldo García se encuentran en prisión preventiva después de que el juez apreciara un riesgo “extremo” de fuga, debido a las elevadas penas a las que se enfrentan.
La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, aunque las acusaciones populares elevan la petición hasta 30 años de prisión para el exministro.
Desde la cárcel de Soto del Real, Koldo García ha asegurado recientemente que se ha visto obligado a poner a la venta la vivienda de su madre para poder hacer frente a la fianza impuesta por el juez.
Indicios de concertación y beneficio común
El auto judicial que acordó el ingreso en prisión preventiva detalla la existencia de indicios de concertación entre Ábalos y su exasesor para favorecer a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, aprovechando el peso político del exministro en el Gobierno y en el PSOE.
Según la investigación, ambos habrían utilizado su posición institucional para canalizar contratos públicos relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia, obteniendo presuntamente comisiones ilícitas millonarias.
La fecha del juicio todavía no ha sido fijada, a la espera de que el Supremo resuelva la solicitud de Ábalos para que el procedimiento sea llevado por un jurado popular.
