El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió este viernes a las críticas de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) asegurando que “en democracia se puede discrepar de una sentencia, con respeto”, y defendiendo que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejercen ese derecho legítimo.
Sus declaraciones se produjeron durante la clausura del Congreso Nacional de la APM en Murcia, horas después de que la asociación mayoritaria de la carrera judicial aprobara una Declaración Institucional en la que deplora “los graves ataques y descalificaciones” del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo a raíz de la condena al fiscal general del Estado.
Bolaños afirmó que “es perfectamente legítimo acatar una sentencia y mostrar disconformidad con el fallo”, un mensaje dirigido a desmentir las palabras previas de la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, quien acusó al presidente Sánchez de “intromisión” y de quebrar el “deber de respeto” al pronunciarse sobre un asunto todavía en juicio.
Risas en el auditorio al hablar de la autonomía del Ministerio Fiscal
Uno de los momentos más tensos del acto se produjo cuando Bolaños defendió que el Ministerio Fiscal actúa con autonomía. Sus palabras provocaron risas y murmullos entre los asistentes, lo que llevó al ministro a reprender al auditorio:
“Lamento que sonriáis, porque es poner en duda el trabajo del Ministerio Fiscal. Actúan con autonomía y se demuestra cada día en los tribunales.”
El gesto evidenció la profunda distancia entre el Gobierno y una parte significativa de la judicatura en pleno debate sobre el estado de la separación de poderes en España.
El ministro defiende las reformas judiciales: “Ninguna afecta al Estado de Derecho”
Bolaños aprovechó su intervención para defender las reformas impulsadas por su departamento, insistiendo en que “ninguna afecta al Estado de Derecho, a la separación de poderes ni a la independencia judicial”, y que respondían a la necesidad de revertir “décadas de inacción”.
El ministro recordó que todas las reformas relevantes de Justicia han provocado inicialmente fuertes resistencias —incluida la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985— y sostuvo que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé que los fiscales asuman la instrucción penal, pretende “adaptar a España a las democracias occidentales”.
“España es una anomalía en materia de instrucción penal”, reiteró, insistiendo en que la futura estructura dotará a los fiscales de “mayor autonomía” y será “compatible con un Estado de Derecho fuerte y rotundo”.
Una reforma estructural y 2.500 nuevas plazas
Bolaños también destacó la Ley de Fortalecimiento y Ampliación de la Carrera Fiscal y Judicial, que contempla 2.500 plazas en tres convocatorias, con 360 anuales de turno libre, 120 del cuarto turno y la regularización de 1.000 jueces sustitutos, en su mayoría mujeres (80 %).
El ministro calificó esta reforma como “una gran oportunidad para atender reivindicaciones históricas” de la magistratura.
