El teléfono móvil corporativo de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, fue dado de baja por Presidencia del Gobierno tan solo siete días antes de su citación judicial. Según ha revelado el diario La Razón, una de las tres líneas oficiales que tenía asignadas fue anulada por Moncloa justo antes de que Álvarez declarase ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la ha imputado en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos públicos.
La maniobra ha levantado sospechas por la proximidad entre la baja del dispositivo y el momento procesal. Según la información publicada, el juez sospecha que Álvarez pudo excederse en sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno, al participar supuestamente en actividades vinculadas a los intereses personales y profesionales de esta.
La clave: desvío de recursos públicos
El juez Peinado basa su investigación en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que señala la posibilidad de que se haya producido “una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”, gestionados desde una estructura tan sensible como es la Presidencia del Gobierno.
Entre las pruebas clave de la investigación figura un correo electrónico enviado por Cristina Álvarez en el que habría pedido a una empresa privada mantener su patrocinio en un máster vinculado a la Universidad Complutense de Madrid, proyecto con el que está relacionada Begoña Gómez. Este hecho podría constituir una intervención directa en la captación de financiación para actividades privadas.
Imputaciones y tensiones institucionales
El caso ha provocado una fuerte respuesta política. El juez ha imputado tanto a Begoña Gómez como a su asesora por malversación, en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo. Desde el Gobierno central, figuras como el ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, han cargado duramente contra Peinado, a quien ha descrito como “un activo para la derecha” y ha acusado de promover una causa “prospectiva”.
Por su parte, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha criticado estas declaraciones y ha apelado al respeto por el poder judicial. “Es insultante e indignante. Nosotros nunca haríamos una valoración de ese tipo”, ha señalado, reclamando que se deje trabajar a la justicia con independencia.
Declaraciones en septiembre
Las comparecencias judiciales de las personas implicadas en este caso están previstas para la segunda semana de septiembre, cuando Cristina Álvarez deberá prestar declaración formal ante el juez. El caso continúa bajo secreto de sumario en lo relativo a algunas diligencias.
Mientras tanto, el cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición, así como el debate sobre el uso de recursos públicos para fines personales, sigue alimentando el foco mediático y jurídico sobre el entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
