La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de no citar como testigo a Víctor de Aldama en la causa que investiga a Begoña Gómez, al considerar que sus declaraciones no aportan “el más mínimo indicio útil” para el proceso.
La Sección 23 del tribunal madrileño ha desestimado el recurso presentado por las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, y ha calificado como “prudente y procedente” la decisión adoptada por el instructor.
Sin indicios ni datos concretos
El auto judicial subraya que las manifestaciones realizadas por Aldama en medios de comunicación, en las que se basaba la petición de su citación, son “genéricas, breves y carentes de datos concretos” que permitan sustentar una diligencia judicial.
Según los magistrados, el empresario no detalla ni el modo ni los intermediarios mediante los cuales se habrían producido supuestas irregularidades, limitándose a hipótesis, presunciones o conjeturas.
Además, la Audiencia incide en que no se ha aportado ni siquiera la grabación de dichas declaraciones, lo que refuerza la falta de base probatoria para justificar su comparecencia como testigo.
Una testifical considerada improcedente
El tribunal también cuestiona la propia posición procesal de Aldama, al recordar que está siendo investigado en otras causas, lo que introduce dudas sobre su papel como testigo en este procedimiento.
En este sentido, los magistrados consideran “muy difusa” su disposición a declarar y advierten de que parece entender una comparecencia judicial como si fuera “una simple entrevista”, lo que evidencia, a su juicio, una falta de rigor en la solicitud.
Investigación centrada en la cátedra universitaria
El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto por su implicación en la promoción y financiación de una cátedra universitaria.
La causa también analiza sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como el papel de su entorno profesional.
Entre los delitos que se investigan figuran tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, aunque el proceso continúa en fase de instrucción.
Un proceso guiado por criterios de eficacia
La Audiencia Provincial recuerda en su resolución que no existe un derecho automático a que se practiquen todas las diligencias solicitadas, sino que estas deben responder a criterios de racionalidad, eficacia y utilidad para la investigación.
Con este pronunciamiento, el tribunal respalda la línea marcada por el juez instructor y limita la incorporación de testimonios que no aporten elementos relevantes al esclarecimiento de los hechos.
