El escrito sostiene que Begoña Gómez habría aprovechado la posición de Pedro Sánchez para impulsar una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, la acusación señala la existencia de un presunto delito de malversación al considerar que Cristina Álvarez realizó funciones de interlocución con empresas privadas y búsqueda de patrocinios para dicha cátedra mientras ejercía como asistente en la estructura de la Presidencia del Gobierno.
Además, el documento menciona la creación de un software especializado por parte de grandes tecnológicas, sugiriendo un posible beneficio futuro para la acusada, a pesar de que no consta lucro directo en el momento de su puesta en marcha.
Petición de testificales y medidas cautelares
Más allá de las penas de prisión, Hazte Oír ha solicitado al juzgado la imposición de medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.
Como parte de la fase de juicio, la acusación popular también reclama la declaración como testigos de figuras clave como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños, el exconsejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, y el comisionista Víctor de Aldama, actualmente procesado por otras causas.
