La asociación profesional JUCIL ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil y a los ministerios de Interior y Defensa la incoación urgente de un expediente disciplinario y la separación inmediata de funciones del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llama, tras su imputación en el 'caso Leire Díez'. Asimismo, el colectivo ha reclamado el cese y la separación del cargo de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González.
Desde JUCIL sostienen que la permanencia de ambos altos mandos al frente del cuerpo resulta totalmente "incompatible con el desarrollo neutral de la investigación judicial", al tratarse de presuntos hechos que podrían constituir una falta muy grave de obstrucción a la justicia mediante intimidación.
Riesgo para la investigación y denuncia de "privilegios"
La asociación advierte de que mantener en sus puestos a los imputados "no es institucionalmente neutro", ya que el DAO conserva el mando directo sobre la Jefatura de Información y la Policía Judicial, unidades encargadas del desarrollo de la propia causa penal.
JUCIL ha calificado la inacción del Gobierno como una "doble vara de medir" que genera un profundo malestar en la plantilla. La asociación recuerda que, solo en 2025, se abrieron expedientes disciplinarios a 1.014 guardias civiles (185 por falta muy grave), con un saldo de 64 agentes suspendidos de empleo y 6 separados del servicio. Exigen la aplicación inmediata del artículo 92 de la Ley de Personal para apartar de sus funciones a la cúpula investigada por razones de disciplina, ejemplaridad y protección de la imagen del cuerpo.
Críticas a las declaraciones del DAO sobre su lealtad
El comunicado de la asociación califica además de "desacertadas" las recientes manifestaciones públicas del DAO, Manuel Llama, quien afirmó responder a "quien le designa".
A este respecto, JUCIL ha remarcado que la lealtad institucional de la cúpula de la Guardia Civil debe subordinarse siempre al interés general y al estricto cumplimiento de la ley, situándose por encima de las personas que ocupen de manera eventual los cargos de responsabilidad política.
