La Plataforma Salvemos la Casa de Campo ha manifestado su "absoluto rechazo" a la ubicación del Centro de Primera Acogida de menores no acompañados en el antiguo Albergue Juvenil Richard Schirrmann, dentro del parque. La protesta se intensifica tras el anuncio de una reforma de las instalaciones por un importe superior a cuatro millones de euros.
Rechazo a la ubicación, no a la acogida de menores
El colectivo denuncia que el valor histórico y medioambiental del edificio y su entorno es incompatible con las obras que pretende acometer la Comunidad de Madrid. La Casa de Campo está protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Histórico, lo que limita su uso y las intervenciones arquitectónicas que pueden realizarse.
En su comunicado, la plataforma recalca que su postura "no responde a un rechazo hacia la acogida e integración de menores", sino a la inadecuación del emplazamiento elegido. "Estos menores merecen espacios adecuados y dignos para su desarrollo, pero este no es el lugar adecuado", afirman.
Además, instan a la Comunidad de Madrid a buscar una ubicación alternativa que respete el bienestar de los menores sin comprometer la protección del patrimonio de la Casa de Campo.
Reforma del centro pese a las protestas
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales anunció en febrero la reforma integral del centro, cuya ejecución está prevista para este mismo año. La inversión de más de cuatro millones de euros responde a deficiencias detectadas en el estado de conservación de las instalaciones.
Sin embargo, colectivos como la Asociación de Vecinos Mayores y Familia de Madrid y la Asociación de Vecinos Batán y Casa de Campo llevan tiempo denunciando la ilegalidad de transformar el albergue en un centro de menores. En 2019, el albergue Richard Schirrmann fue habilitado como centro de primera acogida, un uso que, según estas asociaciones, vulnera el Decreto 39/2010 de 15 de julio, donde se establece que la principal función del espacio es hotelera.
Además, han recordado que el Gobierno regional se comprometió a devolver el albergue a su uso original. Aseguran haber solicitado una reunión con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, pero aún no han recibido respuesta.
Movilización vecinal y oposición institucional
El conflicto ha generado protestas vecinales desde 2020, cuando la asociación de vecinos convocó hasta tres manifestaciones para exigir el traslado del centro de acogida a otra ubicación. CSIF y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también han mostrado su desacuerdo con la decisión del Gobierno regional de instalar un centro de menores en la Casa de Campo.
Los colectivos insisten en que la Casa de Campo debe seguir siendo el pulmón verde de Madrid, y no un espacio sujeto a "decisiones que vulneran su naturaleza y finalidad".
