Un amplio bloque de organizaciones de la sociedad civil madrileña ha reclamado una auditoría independiente y completa del modelo de concesiones sanitarias en la Comunidad de Madrid, así como la reversión de la gestión privatizada y el refuerzo urgente de la sanidad pública gestionada directamente por el SERMAS, tras la difusión de las grabaciones del Hospital Universitario de Torrejón que han generado una profunda crisis de legitimidad en el sistema sanitario regional.
La demanda se ha formalizado a través de un manifiesto unitario firmado por plataformas y entidades de gran implantación social, entre ellas Audita Sanidad, la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, CCOO Madrid, la FADSP, la FRAVM, MEDSAP-Marea Blanca, UGT Madrid, la Plataforma de Centros de Salud y Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid por la Sanidad. Todas ellas han solicitado una reunión urgente con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al considerar que la reacción institucional del Gobierno regional “no está a la altura de la gravedad de lo sucedido ni del daño causado a la confianza ciudadana”.
Crisis de legitimidad tras los audios del Hospital de Torrejón
En el comunicado, los colectivos señalan que las grabaciones difundidas —en las que un directivo de la empresa concesionaria Ribera Salud alude a priorizar criterios de rentabilidad económica frente a la atención a los pacientes— no son un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo estructural de colaboración público-privada. Según denuncian, este sistema introduce incentivos incompatibles con el derecho a la salud, como el alargamiento de listas de espera, el rechazo de derivaciones o la selección de pacientes “rentables”.
Las organizaciones subrayan que el problema no se limita a un hospital concreto, sino que afecta al conjunto del modelo sanitario madrileño, basado desde hace más de dos décadas en la externalización progresiva de servicios clínicos y no clínicos.
Privatización, desfinanciación y deterioro del sistema público
El manifiesto denuncia que este proceso ha provocado un debilitamiento deliberado de la gestión pública directa, acompañado de la derivación de cuantiosos fondos públicos a empresas privadas mediante contratos opacos, un deterioro persistente de la Atención Primaria y un aumento de las listas de espera y de las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.
Asimismo, alertan de la pérdida de transparencia y de control democrático sobre servicios financiados con dinero público, lo que, a su juicio, socava los principios de equidad, universalidad y solidaridad que deben regir el sistema sanitario.
Cuatro exigencias clave al Gobierno regional
Las entidades firmantes plantean cuatro reivindicaciones esenciales dirigidas a la Consejería de Sanidad:
-
Una auditoría pública e independiente del modelo de concesiones sanitarias, con evaluación de resultados asistenciales, impacto presupuestario y calidad del servicio, y con participación ciudadana y profesional.
-
La reversión de los servicios privatizados, tanto clínicos como no clínicos, y el fin de las derivaciones a la sanidad privada.
-
Un refuerzo estructural urgente del SERMAS, con más financiación, personal suficiente, mejores condiciones laborales, infraestructuras adecuadas y reducción de ratios asistenciales.
-
Transparencia total en las listas de espera, incluyendo Atención Primaria, pruebas diagnósticas y salud mental, con datos homogéneos y actualizados.
Petición al Ministerio de Sanidad
Además de dirigirse al Ejecutivo autonómico, las organizaciones reclaman a la ministra de Sanidad que aborde con urgencia los cambios normativos que han permitido la expansión del modelo de colaboración público-privada, citando expresamente la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley 15/1997, que habilitan nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Un compromiso firme con la sanidad pública
El manifiesto concluye reafirmando el compromiso de la sociedad civil madrileña con una sanidad 100 % pública, de gestión directa, transparente y ética. “La salud es un derecho y la sanidad un patrimonio colectivo”, subrayan las organizaciones, que advierten de que mantendrán la movilización social para defender un sistema sanitario al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados.
