España podría haber alcanzado a comienzos de 2025 una cifra cercana a los 840.000 extranjeros en situación administrativa irregular, lo que representa el 17,2% de la población procedente de países no comunitarios, según una estimación elaborada por Funcas.
El dato confirma una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017, cuando el número estimado apenas superaba los 100.000 residentes irregulares, equivalentes al 4,2% del total extracomunitario. En apenas ocho años, la cifra se habría multiplicado por ocho.
Un crecimiento ligado al aumento de la población extranjera
El aumento de la irregularidad se produce en un contexto de fuerte expansión de la población extranjera. A 1 de enero de 2025, el número de residentes de países no comunitarios alcanzó los 4,9 millones, un máximo histórico.
Desde 2017, este colectivo ha crecido en 2,3 millones de personas, de las cuales unos 730.000 se encontrarían en situación irregular, lo que supone casi un tercio del incremento total.
El análisis muestra que el crecimiento se concentra principalmente en nacionalidades americanas, que representan el 91% de la población irregular. Destacan especialmente:
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Colombia, con cerca de 290.000 personas en situación irregular
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Perú, con más de 100.000
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Honduras, con alrededor de 90.000
A mayor distancia se sitúan las nacionalidades africanas (unas 50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000).
La reforma de arraigo apunta a estabilizar, no a reducir
La estimación corresponde a un momento previo a la entrada en vigor, en mayo de 2025, de la reforma del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza los procedimientos de regularización por arraigo.
El Gobierno prevé conceder 900.000 autorizaciones por arraigo entre 2025 y 2027, unas 258.000 más que con la normativa anterior. Sin embargo, según el análisis, este incremento podría no ser suficiente para reducir de forma significativa la irregularidad.
Si se mantiene el ritmo actual de llegadas y concesiones de permisos, el número de personas en situación irregular podría aumentar en unas 270.000 en tres años. Tras descontar el efecto adicional de la reforma, el resultado sería una ligera estabilización en torno a las 850.000 personas, más que una reducción efectiva.
Un modelo migratorio basado en la regularización posterior
El informe señala que el dato refleja las características del modelo migratorio español de las últimas décadas, en el que una parte significativa de los inmigrantes pasa largos periodos en situación irregular antes de regularizarse.
Desde 2005, España ha sustituido las grandes regularizaciones extraordinarias por el sistema de arraigo social, laboral o formativo, que actúa como un mecanismo continuo de integración administrativa.
Aunque este sistema facilita la inserción laboral y social, el análisis advierte de la falta de planificación estratégica en materia migratoria, sin una definición clara del volumen de entradas ni de los perfiles profesionales necesarios.
El reto: vincular inmigración y mercado laboral
Funcas subraya que una gestión más eficaz de los flujos debería integrarse en una estrategia económica orientada a la productividad, dirigiendo la inmigración hacia sectores con escasez de mano de obra y mayores niveles de cualificación.
Una política más planificada permitiría reducir los periodos de irregularidad, mejorar la integración laboral y social y aumentar la contribución de los trabajadores extranjeros al sistema de bienestar.
La estimación, basada en el cruce de datos del INE, el Observatorio Permanente de la Inmigración y Eurostat, vuelve a poner sobre la mesa un desafío estructural: la irregularidad no es un fenómeno coyuntural, sino una característica persistente del modelo migratorio español.
