La Comunidad de Madrid continúa a la espera de una respuesta del Gobierno central para la reagrupación familiar de 56 menores extranjeros no acompañados acogidos en la región. Según ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, los expedientes fueron remitidos hace meses a la Delegación del Gobierno en Madrid, administración competente en materia de Extranjería, sin que hasta la fecha se haya recibido “ninguna respuesta formal”.
La consejera madrileña ha recordado que estas solicitudes se basan en criterios técnicos que constatan la “imposibilidad de integración” de los menores en los centros de acogida autonómicos. “Cada uno de los 56 expedientes tiene detrás a un menor con dificultades amplias y variadas para integrarse. Hemos acreditado que, en estos casos, lo más adecuado es la reagrupación familiar, pero seguimos sin contestación del Gobierno”, afirmó Dávila.
Dificultades de integración y problemas de adaptación
Los informes de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia justifican las solicitudes por razones como consumo de drogas, trastornos psicológicos y emocionales derivados de la separación familiar o problemas de adaptación social. En algunos casos, los técnicos regionales advierten incluso de contactos con redes de tráfico de personas o de drogas.
El objetivo, según la Comunidad, es garantizar “el interés superior del menor” mediante su regreso al entorno familiar en el país de origen o, en su defecto, la reagrupación de sus familiares en España. No obstante, Dávila reconoce que el escenario más probable es que los expedientes no sean atendidos.
Centros saturados y conflicto competencial
La situación se enmarca en un contexto de alta presión en los centros de acogida madrileños, que registran una ocupación del 130% de su capacidad habitual, llegando al 150% en los momentos de mayor afluencia. En lo que va de año, la Comunidad ha atendido a cerca de 1.500 menores migrantes, cifras similares a las de 2024.
Dávila ha denunciado la “saturación y colapso” de los recursos de acogida y ha criticado el “reparto forzoso” de menores aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional y los dos reglamentos de desarrollo ante el Tribunal Supremo, al considerar que vulneran las competencias autonómicas.
“El Gobierno ha iniciado 124 expedientes de traslado de menores a Madrid, y en torno al 30% han sido desestimados por incluir mayores de edad o casos con arraigo laboral o familiar en otras comunidades”, explicó la consejera. “Estos repartos no tienen en cuenta las circunstancias del menor ni la realidad de unas comunidades con centros desbordados”.
Llegada de nuevos menores desde Canarias y Ceuta
A pesar de la oposición autonómica, 13 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta han sido ya reubicados en centros madrileños, en aplicación del real decreto que regula la redistribución territorial en situaciones de presión migratoria.
Dávila ha reiterado que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de repatriación o reagrupación internacional, aunque seguirá reclamando que el Estado adopte “medidas en origen” y asuma su responsabilidad para garantizar una gestión ordenada y humanitaria de los flujos migratorios.
“Llevamos años solicitando soluciones estructurales al Gobierno central. Madrid cumple con su deber de acogida, pero necesitamos coordinación, recursos y una política nacional que priorice el bienestar real de estos menores”, concluyó la consejera.
