El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha retomado el envío de cartas a vecinas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en el distrito madrileño de Usera, para reclamarles la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones de viudedad. El motivo esgrimido por la Administración es la detección de un supuesto incremento en sus ganancias patrimoniales, derivado de las ayudas públicas a la rehabilitación y eficiencia energética que recibieron sus comunidades de vecinos en 2023.
Esta práctica, ya denunciada el año pasado, ignora sentencias firmes del Tribunal Supremo que establecen que estas subvenciones no pueden considerarse una ganancia patrimonial atribuible a las personas beneficiarias, al no constituir una renta real percibida ni alterar sustancialmente su situación económica.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Guetaria de Orcasitas han exigido al Gobierno central y a la Dirección Provincial de Madrid del INSS que cesen de inmediato estas reclamaciones, que afectan de forma desproporcionada a personas con bajos ingresos y en situación de especial vulnerabilidad.
El INSS desoye al Supremo y reabre una herida social
Los casos más recientes documentan reclamaciones de hasta 2.400 euros por parte del INSS a pensionistas que apenas sobreviven con ingresos mínimos. Las cantidades reclamadas corresponden al complemento de mínimos de sus pensiones, que habrían percibido "indebidamente" según el criterio de la Seguridad Social, por superar los límites de renta legalmente establecidos. La fuente de este supuesto exceso de renta es, en todos los casos, la subvención pública ingresada directamente en las cuentas de las comunidades de propietarios para rehabilitar sus edificios.
Ni las personas beneficiarias reciben directamente esos fondos, ni pueden destinarlos a otro fin que no sea la ejecución de obras. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda los computa como ganancias patrimoniales en las declaraciones fiscales, información que luego se traslada a la Seguridad Social, activando de forma automática los procedimientos de reclamación.
Este mecanismo automatizado e insensible al contexto ha provocado la pérdida o reducción no solo de pensiones, sino también de otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, subsidios de desempleo o becas escolares, afectando a centenares de familias con rentas muy bajas.
Sentencias ignoradas y protestas renovadas
El conflicto ya fue objeto de atención institucional en 2023, cuando tras protestas ciudadanas, reclamaciones formales y la intervención del Defensor del Pueblo, el INSS suspendió las reclamaciones. La situación pareció quedar zanjada cuando, en diciembre de 2023 y febrero de 2024, el Tribunal Supremo dictó sendas sentencias señalando que no es procedente reclamar la devolución de prestaciones sociales por haber percibido subvenciones colectivas destinadas a rehabilitación.
El Alto Tribunal subrayó que esas ayudas no alteran la situación de necesidad de los pensionistas y que la destinataria real de los fondos es la comunidad de propietarios, no el individuo.
A pesar de ello, el Gobierno ha reactivado las reclamaciones, lo que ha generado indignación en el barrio de Orcasitas y en otras zonas populares de Madrid.
Propuesta de reforma legal
Ante la reiteración de esta práctica, la FRAVM ha trasladado al Ministerio de Hacienda una propuesta para modificar el artículo 33.3 de la Ley 35/2006 del IRPF. En concreto, plantea excluir expresamente del cómputo de ganancias patrimoniales las ayudas públicas a la rehabilitación de vivienda habitual, cuando el perceptor no supere cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Según la organización vecinal, esta modificación garantizaría que las familias con rentas modestas no se vean penalizadas por participar en programas públicos de rehabilitación, fundamentales para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad del parque residencial más degradado.
Además, advierte que la situación actual genera un efecto disuasorio: muchas comunidades renuncian a solicitar ayudas por temor a que los vecinos acaben perdiendo prestaciones vitales. Esto compromete los objetivos de sostenibilidad y cohesión social que promueven tanto el Gobierno central como la Unión Europea.
Llamamiento al Gobierno
La FRAVM y la asociación vecinal de Orcasitas instan al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar de forma inmediata para frenar las reclamaciones del INSS y coordinarse con Hacienda para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Reclaman, además, un marco legal claro y justo que impida que las ayudas a la rehabilitación se conviertan en un castigo para quienes más las necesitan.
El barrio de Orcasitas, señalado como ejemplo de éxito en políticas de regeneración urbana, vuelve así a ser símbolo de injusticia administrativa, en un episodio que, según las asociaciones, "desacredita las políticas sociales y medioambientales" si no se corrige de manera urgente y definitiva.
