Una agente del Destacamento de Tráfico de Paracuellos del Jarama permanece hospitalizada con pronóstico grave tras ser arrollada por un autobús mientras prestaba servicio, en un suceso que ha vuelto a situar en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Guardia Civil.
Una intervención que terminó en tragedia
La agente se encontraba realizando labores de auxilio en carretera cuando fue embestida. El impacto le ha provocado múltiples fracturas y lesiones de gravedad, lo que implicará un largo periodo de recuperación y la imposibilidad de reincorporarse a su puesto en el corto plazo.
Desde la asociación profesional JUCIL han subrayado que, aunque no se han producido víctimas mortales, las consecuencias físicas, psicológicas y profesionales del suceso son muy graves para la afectada.
Un riesgo constante en el servicio
El incidente no es, según la asociación, un hecho aislado. En las últimas semanas, el mismo destacamento ya había registrado otro episodio similar, cuando dos agentes fueron atropellados por un delincuente que huía.
Además, este suceso se produce pocos días después del fallecimiento de dos agentes en Huelva durante una operación contra el narcotráfico, lo que refuerza la idea de que el riesgo es estructural y permanente en el ejercicio de la profesión.
JUCIL insiste en que este tipo de situaciones afectan a todas las unidades del cuerpo, desde seguridad vial hasta la lucha contra el crimen organizado, y denuncia que los agentes afrontan su labor diaria en condiciones de alta exposición.
Reclamación de reconocimiento como profesión de riesgo
Ante este escenario, la asociación ha vuelto a reclamar el reconocimiento inmediato de la Guardia Civil como profesión de riesgo, una medida que consideran imprescindible para garantizar una mayor protección y reconocimiento institucional.
“No podemos seguir consintiendo que se nos considere trabajadores de segunda”, señalan desde JUCIL, que denuncian la falta de avances legislativos en este ámbito.
Críticas al marco legal actual
La organización considera que existe una desigualdad respecto a otros cuerpos, como las policías autonómicas o locales, que sí cuentan con esta catalogación. También recuerdan que se ha planteado este reconocimiento para las Fuerzas Armadas, mientras la Guardia Civil continúa en un “limbo legislativo”.
Según JUCIL, esta situación no solo supone una carencia administrativa, sino que ignora la realidad de una profesión en la que la integridad física está constantemente amenazada.
Exigencia de medidas inmediatas
La asociación concluye exigiendo al Ejecutivo que actúe con urgencia y proceda a la declaración oficial de la Guardia Civil como profesión de riesgo, al considerar que es una cuestión de justicia, protección y reconocimiento hacia los agentes que desempeñan su labor en condiciones de peligro constante.
