El colectivo LGTBI+ afronta un incremento sostenido de la violencia, el acoso y la discriminación, según recoge el estudio Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. El informe advierte de que más de la mitad de las personas LGTBI+ (54%) ha sufrido algún acto de odio en el último año, ya sea en el ámbito presencial o digital.
Uno de los datos más preocupantes es el aumento de las agresiones físicas, que han pasado del 7% en 2024 al 22% en 2026, reflejando un repunte significativo en apenas dos años. Paralelamente, el acoso ha crecido del 20% al 36% y la discriminación del 23% al 29%, consolidando una tendencia al alza en todas las formas de violencia analizadas.
El acoso en redes y la repetición de los episodios
El estudio, basado en 800 entrevistas, pone de relieve que cuatro de cada diez personas LGTBI+ han sufrido acoso en redes sociales, evidenciando el papel de los entornos digitales como amplificadores del odio.
Además, los datos muestran que estos episodios no son aislados. La mitad de las víctimas ha sufrido actos de odio en más de tres ocasiones en los últimos cinco años, lo que apunta a una persistencia estructural del problema. Según la responsable de investigación de la Federación, María Rodríguez, este patrón refleja que “no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo”.
Impacto emocional y vulnerabilidad
El informe subraya que el odio afecta con mayor intensidad a los perfiles más vulnerables, como personas trans, jóvenes, individuos con menor nivel educativo o ingresos, así como personas racializadas o con discapacidad.
Las consecuencias no son solo sociales, sino también psicológicas. Según Laura Morales, investigadora del CSIC, estas situaciones generan niveles elevados de ansiedad, depresión, estrés, soledad o miedo, impactando de forma directa en la calidad de vida del colectivo. Asimismo, se identifica el odio como un factor que impulsa el sexilio, es decir, el abandono del lugar de residencia por motivos de discriminación.
Preocupación por el clima social y político
Los expertos advierten de que la persistencia de estos niveles de violencia puede estar relacionada con un clima social y político que permite o legitima estas conductas. Morales alerta de que el riesgo es que el odio “pueda convertirse en estructural si no se actúa de manera eficaz desde las instituciones”.
Denuncias al alza, pero con desconfianza en el sistema
El informe también revela una paradoja en el ámbito de la denuncia. Aunque el porcentaje de personas que denuncian ha aumentado hasta el 35% en 2026, casi el doble que en 2024, el proceso sigue siendo percibido de forma negativa.
De hecho, el 74% de quienes denunciaron vivieron experiencias negativas, lo que contribuye a que aproximadamente la mitad de las víctimas no denuncie. La principal causa es la percepción de que las autoridades no son eficaces ni cuentan con la formación adecuada para abordar estos casos.
Además, solo el 15% de las víctimas acudió exclusivamente a la policía, mientras que un 41% buscó apoyo en organizaciones LGTBI+, evidenciando una mayor confianza en el tejido asociativo que en las instituciones públicas.
Un contexto marcado por la reivindicación
La publicación del informe coincide con la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, una fecha que busca visibilizar la discriminación persistente que sufre el colectivo desde que en 1990 la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental por la OMS.
En este contexto, las organizaciones insisten en que, pese a los avances legislativos, las cifras evidencian que la violencia sigue presente en la vida cotidiana de miles de personas, lo que refuerza la necesidad de medidas más contundentes y eficaces para garantizar la igualdad y la seguridad del colectivo.
