El verano de 2025 ha estado marcado por los incendios forestales. Miles de hectáreas arrasadas, varios municipios desalojados y detenciones en distintos puntos del país han convertido el fuego en protagonista de la agenda social y política. En este contexto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha una iniciativa destinada a arrojar luz desde el Derecho: la serie divulgativa “Claves jurídicas de la actualidad”, que se estrena con una ficha dedicada precisamente a los aspectos legales de los incendios.
Una guía para comprender la ley en situaciones de emergencia
La primera entrega, titulada “España en llamas. Aspectos legales de los incendios forestales”, responde de forma clara a preguntas que la ciudadanía suele hacerse en estas situaciones:
- ¿Qué penas contempla el Código Penal por provocar un incendio?
- ¿Estoy obligado a abandonar mi vivienda si la Guardia Civil ordena la evacuación?
- ¿Cómo puedo reclamar los daños sufridos en una catástrofe de este tipo?
- ¿Qué papel corresponde a cada Administración en la gestión de emergencias?
“La abogacía madrileña tiene el compromiso de servir al interés general y aportar certeza jurídica en tiempos de incertidumbre”, subraya el decano del ICAM, Eugenio Ribón, autor de esta primera ficha. “Con esta serie queremos ofrecer a los ciudadanos y a los medios información fiable, clara y rigurosa sobre los grandes retos de actualidad”.
Responsabilidades y sanciones: hasta 20 años de prisión
El documento recuerda que provocar un incendio forestal puede conllevar penas de hasta cinco años de cárcel, e incluso hasta veinte si se pone en riesgo la vida de las personas. La negligencia —como encender una barbacoa en zonas prohibidas— también puede ser sancionada, penal o administrativamente, dependiendo de la gravedad.
La obligación de evacuar es otro de los puntos que aborda la guía. Aunque la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio y la libertad de residencia, estos derechos pueden limitarse en situaciones de emergencia: desobedecer una orden legítima de evacuación puede ser considerado infracción grave o delito de desobediencia.
Reclamaciones e indemnizaciones
En cuanto a los daños, el ICAM explica que la vía de reclamación depende del origen del incendio:
- Responsabilidad directa del autor, si se identifica al causante.
- Responsabilidad patrimonial de la Administración, en caso de fallos en la gestión forestal.
- Consorcio de Compensación de Seguros, si el incendio es calificado como “riesgo extraordinario”.
- Seguros privados, para quienes cuenten con pólizas de hogar, agrícola o empresarial.
El papel de cada administración
La ficha también aclara las competencias: los ayuntamientos actúan en la primera respuesta; las comunidades autónomas lideran la gestión y extinción; y el Estado, a través de la UME, Guardia Civil y el Ministerio para la Transición Ecológica, presta apoyo cuando la magnitud lo exige, además de canalizar cooperación internacional y fondos europeos.
Incendios en Madrid: la realidad tras la teoría
Este verano, la Comunidad de Madrid ha sufrido algunos de los siniestros más graves del país. El incendio declarado el 11 de agosto entre Tres Cantos, Alcobendas y San Agustín de Guadalix arrasó más de 2.000 hectáreas y fue declarado zona catastrófica. La Guardia Civil ha detenido a varios sospechosos por su presunta implicación en incendios en Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El Gobierno regional ya ha anunciado que se personará como acusación particular en los procesos judiciales abiertos.
Debate político y propuestas controvertidas
La magnitud de la crisis ha reabierto el debate político. El Gobierno central ha aprobado un real decreto para homogeneizar los planes preventivos de las autonomías, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto la creación de un registro nacional de pirómanos y el uso de pulseras telemáticas para reincidentes. Estas medidas han sido criticadas por expertos forestales y juristas, que las consideran de escasa utilidad práctica y con riesgos de vulnerar derechos fundamentales.
Una iniciativa con vocación pública
Con esta serie, el ICAM no solo ofrece información de servicio a los ciudadanos, sino que también busca convertirse en una fuente de referencia para periodistas, comunicadores e instituciones. “La ciudadanía tiene derecho a comprender las implicaciones jurídicas de los grandes debates que le afectan”, recuerda Ribón.
