La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reclamado este jueves que la subida salarial del 11% prevista para los empleados públicos entre 2025 y 2028 se extienda “de forma real, efectiva e inmediata” al personal de la enseñanza concertada, alertando de que cualquier retraso normativo “perpetuaría la precariedad” del sector.
El sindicato respalda el acuerdo salarial anunciado por el Gobierno, al considerarlo un avance hacia la recuperación del poder adquisitivo, pero ha advertido de que su impacto dependerá de que dicho incremento quede recogido en una norma de rango suficiente que garantice su aplicación en los convenios colectivos de la red concertada.
Demandas urgentes a las autonomías
FSIE ha instado a las comunidades autónomas —competentes en materia educativa— a activar “sin dilación” los mecanismos necesarios para que el incremento del 2,5% previsto para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, pueda abonarse ya en diciembre, una vez se publique la norma estatal que lo habilite.
El secretario general de FSIE, Enrique Ríos, trasladó esta preocupación al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, durante el 40.º aniversario del Consejo Escolar del Estado. Según explicó, existe el riesgo de que una deficiente articulación normativa “acabe aplazando una vez más la mejora de unos salarios ya claramente insuficientes”.
Un sector que no admite más demoras
Para FSIE, la mejora salarial acordada para los funcionarios “marca una referencia clara” para la concertada. Por ello, considera “inaceptable” que, tras el anuncio oficial, puedan aparecer nuevos obstáculos administrativos o retrasos que pospongan la subida para miles de docentes y personal no docente.
El sindicato advierte de que estará “vigilante” para asegurar que la subida no quede solo en el compromiso político, sino que llegue de forma efectiva a los trabajadores del sector, cuya situación salarial califican de “precarizada desde hace años”.
El sindicato mayoritario en la concertada
FSIE es la organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada en España, con más del 44% de la representación nacional, presencia en todas las comunidades autónomas y más de 5.240 representantes sindicales. Su defensa se centra en los derechos laborales de docentes y personal de administración y servicios, así como en la libertad de enseñanza.
