El Defensor del Pueblo, encabezado por Ángel Gabilondo, ha puesto el foco en las deficiencias persistentes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ha reclamado la implantación de estándares homogéneos de habitabilidad y salud en todo el territorio nacional.
Así lo recoge el informe anual de actividad correspondiente a 2025, entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el que se advierte de problemas estructurales en la red de centros y en la gestión de la política migratoria.
Deficiencias en condiciones de vida y atención sanitaria
El informe señala carencias en habitabilidad y servicios básicos, destacando casos como la presencia de plagas en el CIE de Madrid o denuncias por presuntos malos tratos en el CIE de Valencia, actualmente bajo investigación judicial.
Además, el Defensor del Pueblo alerta de la ausencia de servicios sanitarios estatales en la mayoría de estos centros, lo que agrava la situación de las personas internadas.
Problemas en la acogida y gestión de migrantes
Más allá de los CIE, el informe identifica deficiencias en la acogida de solicitantes de asilo, así como en la gestión de quienes ven rechazadas sus solicitudes.
La institución ha instado a las administraciones a reforzar la coordinación institucional y mejorar el acceso a los procedimientos, con el objetivo de garantizar una atención más eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales.
Especial preocupación suscita la situación en puntos de entrada como el puerto de La Restinga, donde se han detectado graves carencias en infraestructuras básicas, como la falta de duchas, agua o módulos de atención, además de problemas administrativos relacionados con la ocupación del espacio.
Irregularidades y vulnerabilidad de colectivos
El Defensor también denuncia la falta de una regulación clara para personas no expulsables, lo que genera situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad.
Asimismo, advierte sobre casos de menores mal identificados que han sido alojados en centros para adultos, una situación especialmente preocupante desde el punto de vista de la protección de derechos.
Retrasos administrativos y obstáculos burocráticos
Otro de los puntos críticos del informe es el funcionamiento de las oficinas de extranjería y consulados, donde se registran demoras severas, falta de personal y dificultades para obtener citas.
La institución denuncia también criterios restrictivos, exigencias documentales duplicadas y trabas en procesos de reagrupación familiar, lo que dificulta la integración de las personas migrantes.
Impacto del nuevo reglamento de extranjería
El informe analiza además las consecuencias del Reglamento de Extranjería en vigor desde 2025, señalando que ha supuesto un endurecimiento en el acceso al arraigo y una precarización de derechos.
Entre los efectos más relevantes, se destaca que algunos migrantes con arraigo deben permanecer en situación irregular durante dos años tras la denegación de asilo, lo que interrumpe sus procesos de integración social, educativa y laboral.
España, entre los países con más expedientes pendientes
El Defensor del Pueblo recuerda que España se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más expedientes sin resolver, lo que provoca que muchas personas y familias caigan en situaciones de irregularidad administrativa tras años de residencia, afectando incluso a menores.
En este contexto, la institución reclama una revisión integral del sistema de acogida y gestión migratoria, con el objetivo de garantizar condiciones dignas, seguridad jurídica y una atención adecuada a las personas migrantes.
