El inicio del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España ha estado marcado por graves problemas de organización, colapso en las oficinas y fallos informáticos, tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. En apenas tres días, el sistema ha evidenciado carencias estructurales en medios, personal y planificación, generando largas esperas y retrasos generalizados.
Según el sindicato, la situación actual responde a una “pésima previsión” por parte de la Administración, en un proceso que podría afectar a entre 500.000 y un millón de personas en todo el país.
Oficinas desbordadas y horarios ampliados
Uno de los principales problemas detectados es el colapso en las oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos, habilitadas para tramitar las solicitudes. La afluencia masiva de solicitantes ha obligado en algunos casos a prolongar la jornada laboral hasta las 21:00 horas, dos horas más tarde del cierre previsto.
Además, se han registrado situaciones en las que familias completas acuden a una misma cita, lo que ralentiza los trámites y rompe la previsión inicial de atención individualizada en turnos de 20 minutos. Ante esta circunstancia, los trabajadores públicos están asumiendo una carga de trabajo superior sin refuerzos suficientes.
Fallos en la plataforma Mercurio
El sistema informático utilizado para la tramitación, conocido como Mercurio, se ha convertido en otro de los principales cuellos de botella. La plataforma, diseñada en 2022 para procedimientos de Extranjería, presenta limitaciones técnicas importantes, como la imposibilidad de subir más de 15 megabytes de documentación.
A ello se suman caídas puntuales del sistema, que han obligado incluso al cierre temporal de algunas oficinas. Estas incidencias están dificultando la gestión ágil de expedientes y contribuyendo al retraso generalizado del proceso.
Falta de personal y formación insuficiente
El sindicato también denuncia una escasez evidente de personal, agravada por la falta de formación específica para afrontar un procedimiento de estas características. En muchos casos, los empleados están resolviendo dudas sobre la marcha, sin instrucciones claras ni protocolos bien definidos.
La situación es especialmente crítica en oficinas de localidades con menos de 50.000 habitantes, donde la afluencia de solicitantes no ha sido correctamente prevista y los recursos disponibles son limitados. En estos puntos, el servicio prestado por Correos también se ha visto tensionado por la falta de adaptación a la demanda real.
Refuerzos tardíos y plan de choque
Ante el volumen de trabajo acumulado, el Ministerio de Política Territorial ha impulsado un Plan Especial para resolver trámites previos y aliviar la carga administrativa. Asimismo, la Dirección General de la Policía ha solicitado la incorporación de 500 interinos para reforzar la expedición de tarjetas de identificación de extranjeros.
No obstante, desde el sindicato advierten de que estos refuerzos llegarán tarde y requerirán formación, lo que podría generar nuevos retrasos en las próximas fases del proceso.
Advertencia sobre futuras fases
El escenario actual anticipa dificultades mayores en los próximos meses. A partir de junio, el proceso de regularización entrará en una segunda fase que implicará a otros organismos como el SEPE, la Seguridad Social, Justicia o Interior, lo que podría trasladar el colapso a nuevos ámbitos administrativos.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclaman una oferta de empleo público más ambiciosa para 2026, que permita reforzar plantillas y evitar que la Administración vuelva a verse desbordada en situaciones de alta demanda.
Mientras tanto, el sindicato destaca la profesionalidad y esfuerzo del personal público, que está sosteniendo el sistema pese a la falta de medios, en un contexto que vuelve a evidenciar las debilidades estructurales de la gestión administrativa.
