Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han solicitado que Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, sean apartados de sus responsabilidades tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
La petición llega después de que ambos fueran llamados a declarar como investigados en el marco de la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre el denominado 'caso Leire Díez'.
Las organizaciones consideran que la continuidad de ambos al frente de la Guardia Civil podría afectar al desarrollo de la investigación judicial, por lo que defienden la adopción de medidas cautelares mientras se esclarecen los hechos.
AUGC pide su dimisión y ejercer la acusación popular
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reiterado su exigencia de que tanto Mercedes González como Manuel Llamas presenten su dimisión.
Además, ha anunciado su intención de personarse como acusación popular en el procedimiento judicial y solicitar formalmente medidas cautelares para evitar que ambos continúen desempeñando sus funciones durante la investigación.
En un comunicado, la asociación sostiene que la actuación que se atribuye presuntamente a la directora general "es más propia de una comisaria política" que de quien ejerce el mando de la Guardia Civil.
Asimismo, AUGC ha insistido en que la institución debe actuar dentro de las previsiones constitucionales y del ordenamiento jurídico, reclamando que la Guardia Civil no se convierta en "un Estado dentro del Estado".
IGC expresa preocupación dentro del cuerpo
Por su parte, Independientes de la Guardia Civil (IGC) también ha mostrado su inquietud por la situación.
Su vicepresidente, Daniel Fernández, ha manifestado la "profunda preocupación" existente tras conocerse la imputación de la directora general y ha señalado que el ambiente dentro del cuerpo está marcado por el desconcierto.
El Gobierno mantiene su respaldo
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su confianza tanto en Mercedes González como en Manuel Llamas.
La ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido respetar los tiempos de la Justicia y dejar que la investigación siga su curso, recordando que la causa se encuentra todavía en una fase muy embrionaria.
La posición del Ejecutivo mantiene la misma línea aplicada en otros procedimientos judiciales, sin adoptar ceses o dimisiones mientras no exista una resolución firme.
Vox y PP reclaman responsabilidades políticas
La imputación también ha provocado nuevas reacciones en la oposición.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que Pedro Sánchez no cesa a Mercedes González ni a Manuel Llamas porque, a su juicio, "dirige la trama mafiosa", al tiempo que ha vuelto a reclamar la convocatoria inmediata de elecciones.
Por su parte, el Partido Popular ha exigido la dimisión de la directora general de la Guardia Civil y también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que ha respaldado públicamente a la máxima responsable del instituto armado.
En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo ha criticado la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno ya no asume responsabilidades políticas ante las imputaciones judiciales.
La investigación continúa abierta
La causa judicial sigue avanzando mientras Mercedes González y Manuel Llamas permanecen al frente de sus responsabilidades.
La investigación determinará si existen responsabilidades penales en relación con las actuaciones que se investigan en el denominado 'caso Leire Díez', mientras continúan las peticiones de dimisión y apartamiento formuladas por asociaciones profesionales y partidos de la oposición.
