En Barbate, el pueblo donde ocurrió el ataque, también se honró la memoria de los agentes. El pasado 9 de febrero de 2025, familiares, compañeros y vecinos celebraron un emotivo homenaje en el puerto barbateño. La asociación de familiares "Nuestro corazón por bandera" organizó una ofrenda floral en las aguas donde cayeron los agentes. Una veintena de guardias civiles uniformados participaron en el acto y se lanzaron claveles rojos al agua en recuerdo de los agentes fallecidos y los cuatro supervivientes que iban con ellos en la zódiac embestida.
Durante el homenaje, la madre de uno de los guardias, expresó su indignación y reclamó justicia, no solo contra los que ejecutaron a su hijo, sino también contra quienes lo enviaron a la misión sin medios adecuados. En cuanto al proceso judicial, la investigación ha avanzado. Meses después del crimen fue detenido en Barbate el presunto piloto de la narcolancha. Este individuo había huido a Marruecos tras el crimen, y fue arrestado a su regreso clandestino a España. Posteriormente se detuvo a otros implicados, y a día de hoy, tres acusados permanecen en prisión preventiva.
A todos ellos se les imputan delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado contra la autoridad, contrabando y pertenencia a organización criminal. La instrucción judicial sigue en curso para determinar si el atropello fue premeditado o resultado de una huida imprudente. Existen grabaciones en las que se observa cómo la patrullera fue hostigada y embestida hasta en siete ocasiones en menos de tres minutos.
En paralelo, se presentó una querella contra dos altos mandos de la Guardia Civil por presunta responsabilidad en la planificación del operativo. Sin embargo, la Audiencia Provincial archivó la causa, al no apreciar indicios de delito. Este archivo ha generado malestar entre los agentes y familiares, que insisten en que el despliegue se realizó sin garantías suficientes.
Denuncias de abandono institucional en la lucha contra el narcotráfico
El doble crimen de Barbate puso de relieve el abandono institucional que desde hace años denuncian los agentes del Campo de Gibraltar. Asociaciones profesionales alertan de la inferioridad de condiciones frente a las redes de narcos. Tras la tragedia, las quejas se han intensificado.
A pesar de los refuerzos anunciados por el Ministerio del Interior, las asociaciones de guardias civiles afirman que sobre el terreno no se ha materializado una mejora real. Muchas embarcaciones y vehículos se encuentran inservibles, con kilometrajes extremos o sin mantenimiento. Patrulleras sin estructuras de seguridad antiempotramiento, falta de personal en unidades clave y la disolución de unidades especializadas como la OCON-SUR son algunas de las denuncias. Todo ello contribuye a una sensación de vulnerabilidad.
También reclaman que el Campo de Gibraltar sea declarado zona de especial singularidad, con incentivos y dotación de medios acorde al nivel de riesgo. Además, solicitan que se reconozca como profesión de riesgo la labor de los agentes que luchan contra el narcotráfico.
Narcotráfico en el Campo de Gibraltar: cifras y tendencias
Según datos oficiales, desde la implementación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, se han realizado miles de operaciones y se han incautado toneladas de droga. Solo en 2024 se llevaron a cabo más de 12.000 operaciones policiales, con cerca de 6.000 detenciones y la incautación de más de 260.000 kilogramos de drogas.
Las fuerzas de seguridad alertan, sin embargo, de una tendencia preocupante: aunque ha bajado la incautación de hachís, ha aumentado la entrada de cocaína, y las rutas del narcotráfico se han desplazado a otras provincias como Huelva o Almería. Además, muchas mafias han fragmentado sus envíos y usan rutas alternativas, dificultando la labor de las fuerzas del orden.
Según agentes y expertos, la bajada del precio de la droga en el mercado negro indica que entra más droga de la que se intercepta, lo que se traduce en una sensación de impunidad y fracaso en la lucha contra estas redes.
España y Marruecos: una cooperación insuficiente
La mayor parte del hachís que llega a España procede del norte de Marruecos. Las lanchas cruzan el Estrecho con fardos de droga hacia las costas andaluzas. En muchas ocasiones, tras una persecución fallida o una operación policial, los narcotraficantes se refugian en Marruecos, donde la justicia española encuentra serias dificultades para lograr su entrega.
Aunque existen acuerdos de cooperación y Marruecos informa de sus propias incautaciones y reformas legislativas, en la práctica las fuerzas de seguridad y la judicatura española consideran que la colaboración es insuficiente. Muchos capos del narcotráfico encuentran en Marruecos un santuario.
Desde distintos sectores se reclama una mayor presión diplomática por parte del Gobierno español para que Rabat se implique más en la persecución de estas redes. También se han planteado dudas sobre si el Ejecutivo podría haber rebajado la presión antidroga a cambio de concesiones marroquíes en materia migratoria u otros intereses estratégicos.
Mientras tanto, las familias de los agentes caídos siguen reclamando justicia, medios y un compromiso real del Estado con quienes combaten el narcotráfico en primera línea.
