El Partido Popular ha solicitado un control exhaustivo del Gobierno tras denunciar que 34.168 millones de euros en contratos destinados a defensa han sido adjudicados de forma directa, sin concurrencia competitiva y sin que las Cortes hayan supervisado el proceso. La formación de Alberto Núñez Feijóo advierte de que se trata de una “inyección de dinero público sin precedentes” que compromete el futuro presupuestario del país “para toda una década”, especialmente en un contexto en el que los Presupuestos Generales del Estado no se renuevan desde 2023.
Según el PP, el Gobierno ya ha comprometido 14.283 millones en préstamos asociados a estos proyectos, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Nueve de los 32 contratos previstos están aún pendientes de formalización, pero la oposición denuncia que las cifras ya comprometidas exigen un escrutinio parlamentario inmediato.
Indra, en el centro del debate por su peso creciente
Uno de los elementos que más alerta genera en el PP es el papel de Indra, la principal beneficiada de las adjudicaciones. Sus acciones han subido un 21% en el último mes y un 192% en lo que va de año, multiplicando por tres su valor en solo once meses. Para los populares, el volumen de contratos asignados a la compañía podría derivar en “una posición monopolística” dentro de la industria de defensa española.
El partido detalla que Indra cuenta con 5.959 millones en prefinanciación, el 41,7% del total de los préstamos vinculados al plan, de los cuales 3.169 millones corresponden a la UTE que mantiene con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Además, está en estudio la posible compra de EM&E por parte de Indra, operación que, a ojos del PP, podría agravar los riesgos de concentración empresarial en un sector estratégico.
El PP pide comparecencias de Robles, Hereu y el presidente de la CNMV
Como respuesta, los populares han registrado varias iniciativas parlamentarias y solicitado la comparecencia de:
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Margarita Robles, ministra de Defensa, para explicar las adjudicaciones al grupo EM&E.
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Jordi Hereu, ministro de Industria, para detallar los criterios de concesión de los préstamos directos a la UTE Indra–EM&E.
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Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, a fin de aclarar si se han detectado movimientos especulativos relacionados con la evolución excepcional del valor de las acciones de Indra.
El PP exige además toda la documentación relativa a los contratos, informes de idoneidad y criterios de interés público que llevaron al Gobierno a adjudicar estos fondos. Considera inaceptable que decisiones de tal magnitud se adopten sin someterse a los mecanismos de fiscalización del Congreso.
Una crítica que apunta a la transparencia y a la seguridad estratégica
La oposición insiste en que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Parlamento por unas adjudicaciones que, según denuncia, comprometen la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en materia de defensa.
En un momento de máxima fragmentación parlamentaria, el PP sostiene que el Gobierno está actuando sin fiscalización efectiva, lo que, a su juicio, requiere una reacción inmediata para garantizar la transparencia y el control del gasto público en uno de los sectores más sensibles del Estado.
