A medida que se van conociendo más detalles de la operación militar lanzada por Estados Unidos para detener al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y trasladarlos a territorio norteamericano para que rindan cuentas ante la justicia, son más las incertidumbres que las certezas sobre la futura transición política hacia la democracia que ahora se abre como una posibilidad verosímil. La estructura política, militar y policial del régimen —con su probada capacidad represiva— sigue intacta y operativa, y la cúpula más cercana al dictador, incluida la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, continúa al timón del país.
Existen serias dudas, cada vez más refrendadas por los hechos, de que el modelo de transición auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pase por una suerte de pacto con el chavismo aún en el poder, posponiendo la plena restauración democrática a un futuro indefinido y sin un calendario claro para la celebración de elecciones libres.
¿Qué papel tendrá la oposición democrática liderada por María Corina Machado y por el presidente electo Edmundo González en este proceso de cambio que supuestamente debería ponerse en marcha? Las dudas son numerosas, sobre todo tras las descalificaciones de Trump hacia Corina Machado y el papel claramente secundario que está desempeñando, frente a Estados Unidos, el presidente elegido por los venezolanos en los comicios de julio de 2024. Aunque todavía es prematuro adelantar acontecimientos, conviene subrayar que en una Venezuela ya sin Maduro, la oposición democrática —la que durante años se enfrentó al régimen en las calles, dejando miles de detenidos, heridos, torturados y asesinados— debería desempeñar un papel central y decisivo. Sin embargo, en estos momentos aparece ninguneada por la Administración norteamericana y al margen de los canales de comunicación con el nuevo poder emergente en el país.
En el ámbito regional, los principales valedores de Maduro —Colombia, Brasil y México— salen profundamente desautorizados, deslegitimados y con su prestigio internacional seriamente dañado tras haber avalado durante años al régimen criminal y haber respaldado el fraude electoral de julio de 2024. Colombia es, sin duda, el país que más pierde, al seguir en el punto de mira de Trump, quien incluyó a su desacreditado presidente, Gustavo Petro, en la llamada “lista Clinton”. Además, como principal productor mundial de cocaína, Colombia difícilmente escapará a futuras acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región, incluidas eventuales opciones militares.
Petro, que llegó incluso a pedir un levantamiento militar contra Trump durante un reciente viaje a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se ha convertido en un enemigo declarado del presidente estadounidense, y la actual Administración norteamericana no parece dispuesta a pasar por alto ese desafío. La extracción de Maduro es, en este sentido, un claro aviso para navegantes: un mensaje lo suficientemente gráfico para que el mandatario colombiano deje de provocar al gigante del norte. Trump, por lo pronto, ya ha afirmado que “una operación en Colombia me suena bien”.
Tampoco se presentan halagüeñas las perspectivas para las dictaduras de Nicaragua y Cuba, especialmente para esta última, absolutamente dependiente del petróleo venezolano, que en numerosas ocasiones llegaba incluso a revender en los mercados internacionales. La ligazón económica entre ambos regímenes era casi total. La caída de Maduro tendría un impacto profundo, inmediato y estructural en Cuba, probablemente el mayor shock externo para el castrismo desde la desaparición de la URSS en 1991. Sus efectos se dejarían sentir en todos los niveles y supondría un auténtico terremoto para un régimen ya sumido en una grave crisis, marcada por el colapso económico, los apagones masivos e intermitentes, la escasez de productos básicos y el hastío generalizado de una población cansada de esperar en la cola de la historia.
En cuanto a Rusia y China, que —al igual que ocurrió tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán— no han movido un dedo para defender a su supuesto “aliado” y “amigo”, no cabe duda de que pierden a uno de sus principales socios en la región. Sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos se verán seriamente dañados tanto a corto como a largo plazo. Irán, por su parte, acusado —probablemente con razón— de operar desde Venezuela una base logística con ramificaciones de Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas, recibe también un golpe considerable. Pierde a su principal aliado en América Latina y una plataforma clave para sortear sanciones internacionales mediante un entramado petrolero semiclandestino diseñado para eludir la vigilancia estadounidense.
