Koldo García, investigado por corrupción y exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo la devolución de su teléfono móvil, incautado durante un registro en marzo de 2024, con el objetivo de defenderse de las acusaciones de acoso laboral y sexual formuladas por la modelo y tertuliana Claudia Montes, conocida mediáticamente como Miss Asturias.
La petición se enmarca en la causa especial instruida por el magistrado Leopoldo Puente, quien reconoció en una providencia dictada este miércoles que aún no se han obtenido copias que garanticen la integridad y autenticidad de los datos contenidos en el dispositivo. El magistrado justificó esta demora en la “ingente cantidad de soportes” incautados y la “extraordinaria magnitud” del procedimiento judicial en curso.
Acusaciones públicas y exposición mediática
Montes ha aparecido en repetidas ocasiones en medios de comunicación desde el pasado mes de mayo, donde ha acusado a García de enviarle “mensajes obscenos”, acosarla con “entre 10 y 20 videollamadas diarias”, e incluso ofrecerle dinero para que no regresara a su puesto de trabajo. En el programa Espejo Público, la modelo afirmó que recibió 1.300 euros por parte de García, y en Código 10 reiteró los episodios de acoso que asegura haber sufrido.
La defensa del investigado considera que las declaraciones públicas de Montes, sumadas al eco mediático del caso, vulneran gravemente su derecho constitucional a una defensa efectiva. En su escrito ante el Alto Tribunal, los letrados de García advierten que la demora en el acceso al móvil “implicaría una flagrante indefensión material”, privándole de pruebas clave para rebatir las acusaciones y demostrar —según sostienen— que fue víctima de un “chantaje” por parte de la denunciante.
Préstamo económico y acusación de manipulación
El equipo jurídico del exasesor afirma que el contenido del teléfono permitiría demostrar la existencia de un préstamo de 8.500 euros realizado por García a Montes, cuyo plazo de devolución estaría vencido, según indica el documento remitido al Supremo. A juicio de la defensa, este hecho sería relevante para desmontar el relato de la denunciante y exponer una supuesta motivación económica tras las acusaciones.
En el mismo escrito, los abogados de García califican a Montes como una “tertuliana televisiva” que ha construido un relato “carente de veracidad” y “enriquecido por la sobreexposición mediática”. Critican que la negativa a facilitar el acceso al terminal está limitando la capacidad del investigado para aportar pruebas directas, como mensajes, llamadas y conversaciones, esenciales para reconstruir la relación entre ambos.
Respuesta judicial: sin prioridad, pero con compromiso
El magistrado instructor ha contestado que, por ahora, la extracción y devolución del dispositivo no es prioritaria frente a otras diligencias en curso, aunque se compromete a proceder con lo solicitado tan pronto como sea posible. Mientras tanto, la defensa insiste en que la situación es urgente dada la proyección pública del caso y la continua presencia de la denunciante en medios de comunicación, lo que a su juicio condiciona la percepción pública y puede afectar al proceso judicial.
Una causa judicial de gran alcance
La solicitud se enmarca dentro de una causa más amplia que investiga a García por presuntos delitos vinculados a contrataciones irregulares en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, junto con otros cargos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo.
Ahora, las acusaciones de Montes añaden una dimensión personal y mediática al proceso judicial, que ya acumula varios frentes abiertos y que continúa generando consecuencias políticas, especialmente por los vínculos del investigado con el PSOE y con figuras como Ábalos.
Mientras la causa sigue su curso, García mantiene que no cometió delito alguno, y reclama el acceso inmediato a las pruebas que —según él— permitirán limpiar su nombre ante la Justicia y la opinión pública.
