El Gobierno ha adjudicado por vía urgente un contrato publicitario por valor de 9.975.206 euros con el objetivo de “reivindicar la democracia” en un contexto que califica de “polarización y desinformación”, como ha abanzado El Confidencial. La campaña, impulsada por el Ministerio de Política Territorial, tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por el mismo importe, lo que elevaría el gasto a cerca de 20 millones de euros, sin contar la compra de espacios en medios de comunicación.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia y busca responder a lo que el Ejecutivo considera una necesidad “inaplazable”, amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto coincide con un momento de caída en los indicadores internacionales de transparencia y calidad democrática. En 2024, España perdió cuatro puntos y diez posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y fue calificada con una gobernanza en mínimos por el Banco Mundial.
Campaña multicanal y mensajes clave
La campaña se desplegará en televisión, radio, prensa, redes sociales, cine y espacios exteriores, y tiene tres mensajes principales:
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Celebrar los logros democráticos de los últimos 50 años.
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Reconocer el papel de la ciudadanía en la consolidación democrática.
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Reivindicar la democracia y los derechos fundamentales.
La campaña también se vincula al 50º aniversario de la recuperación de las libertades en España, fecha que el Gobierno sitúa en 1975, tras la muerte de Franco.
Según el Ejecutivo, la campaña es necesaria ante la amenaza que suponen otros modelos de gobierno “alternativos a la democracia”, especialmente entre la juventud.
Más allá de la publicidad: reformas legislativas
El gasto se suma a otras medidas del Plan de Acción por la Democracia, como la futura reforma de la ley de publicidad institucional, la creación de un registro de medios, una nueva Ley de Secretos Oficiales, y la Ley Orgánica del Secreto Profesional de los periodistas.
Asimismo, en el Plan Normativo de 2025, aprobado esta semana en Consejo de Ministros, el Gobierno incluye 199 proyectos legislativos, de los cuales 75 son trasposiciones de directivas europeas. Entre ellos, destacan:
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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
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La rebaja de la edad mínima para votar a los 16 años, dentro de la futura Ley de Juventud.
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Una nueva Ley de Consumo Sostenible y regulación de la publicidad alimentaria infantil.
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La Ley contra la trata de personas y la Ley contra el racismo y la intolerancia.
Finalmente, aunque no se han presentado avances en su tramitación, el Gobierno sigue incluyendo en el plan la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025.
