La Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva normativa que regula la labor de los periodistas acreditados en la Cámara Baja, con el objetivo de garantizar la convivencia y evitar conductas de acoso denunciadas en los últimos meses por diputados y profesionales de la comunicación.
El texto, consensuado con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), se enmarca en la reciente reforma del Reglamento del Congreso aprobada en julio. La norma salió adelante con el apoyo de los partidos del Gobierno y de sus socios de investidura, mientras que PP y Vox votaron en contra.
Entre las novedades, se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por representantes de los grupos políticos, departamentos de la Cámara y periodistas, que tendrá un papel clave en la valoración de las sanciones.
Restricciones en acreditaciones y accesos
El Congreso ha endurecido los criterios de acreditación de prensa. Solo podrán obtenerla medios con una plantilla de más de diez trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y al corriente de sus obligaciones. Quedan excluidos los blogs, canales de YouTube, webs agregadoras de contenidos, emisoras digitales sin concesión administrativa y los departamentos de comunicación de lobbies o partidos políticos. Tampoco se acreditará a quienes trabajen o colaboren en equipos de comunicación política.
En cuanto al acceso, la normativa delimita los espacios en los que pueden trabajar los periodistas. Se veta la entrada libre a zonas como los garajes o los despachos de diputados, quedando restringidos a dependencias previamente autorizadas.
Normas de comportamiento y sanciones
El reglamento establece que las entrevistas o declaraciones deberán realizarse con el consentimiento expreso de la persona interpelada, prohibiéndose los seguimientos insistentes una vez rechazada la petición. Este punto responde a las quejas por prácticas de acoso ejercidas por algunos comunicadores ultra en pasillos y ruedas de prensa.
Asimismo, se prohíbe a los periodistas de prensa escrita grabar imágenes o vídeos en el interior de la Cámara, actividad reservada a reporteros gráficos y operadores de televisión, aunque sí podrán registrar audios. También queda vetada cualquier captación que vulnere la intimidad o el secreto de las comunicaciones, como grabar pantallas o documentos de diputados y miembros del Gobierno.
En caso de incumplimiento, las denuncias serán tramitadas por la Dirección de Comunicación, que elevará el caso a la Mesa del Congreso tras un informe del Consejo Consultivo. La resolución final corresponderá a la propia Mesa, con posibilidad de recurso.
Hasta ahora, la actividad periodística en el Congreso se regía por criterios no escritos que habían evolucionado con el tiempo. Con esta normativa, se obliga a todos los profesionales a firmar una declaración responsable en la que reconozcan conocer y respetar las nuevas reglas de actuación.
Con este marco, la Cámara busca un equilibrio entre la libertad de prensa y la protección de la convivencia parlamentaria, en un contexto marcado por la proliferación de nuevos medios digitales y las denuncias de acoso político en sede parlamentaria.
