Suecia ha sido históricamente un ejemplo de bienestar social con una red de protección estatal admirada globalmente. Esta solidez ha contribuido a niveles de vida envidiables, y a una confianza ciudadana notable en sus instituciones. Sin embargo, en los últimos años, esta misma estructura ha empezado a mostrar fisuras. La presión migratoria, sumada a un aumento de desigualdad en algunos barrios urbanos, ha desafiado la capacidad del Estado sueco para mantener su promesa de equidad y de cohesión social.
Entonces, surge la pregunta ¿puede una sociedad tan avanzada seguir ignorando ciertos síntomas de fragmentación interna?
La percepción de inseguridad, el crecimiento de los partidos de extrema derecha y el aumento de la desconfianza hacia la inmigración advierten que el modelo sueco enfrenta una prueba delicada. La prensa señala que desde mediados del año 2000 comenzó un crecimiento de la violencia armada en Suecia. Además, se aceleró después de 2013. Es decir, lo que antes era un país con bajos índices de homicidios con armas; se ha transformado en un país líder de crímenes callejeros. Y este cambio muestra un patrón estructural: la criminalidad no solo ha aumentado, sino que se redefine a través de las nuevas generaciones. De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo de Prevención del Delito (Brottsförebyggande rådet), los jóvenes varones son el grupo más implicado en la delincuencia violenta en general. Los jóvenes con dos padres extranjeros y los nacidos en el extranjero son los más sobrerrepresentados en la violencia callejera y crímenes graves. Los jóvenes con un padre extranjero también están representados, pero en menor escala que el grupo anterior. Mientras que los jóvenes suecos con padres suecos son el grupo de menor presencia en la criminalidad callejera. Los expertos indican algunas causas para el crecimiento de la criminalidad como, por ejemplo, factores socioeconómicos: el desempleo, la pobreza y el bajo nivel educativo en los llamados barrios vulnerables en donde jóvenes, menores de edad, de origen inmigrante son reclutados por clanes criminales. Otros factores son: segregación, narcotráfico, racismo y discriminación institucionalizada. Algunos creen que el crimen organizado se ha propagado debido a la inmigración excesiva, y a la falta de integración en la sociedad sueca.
En Suecia existe una percepción generalizada, tanto entre la población como en los políticos, de que la política migratoria ha fracasado. Para entender mejor lo que pasa en este país nórdico, es importante señalar que desde 2022 Suecia está gobernada por cuatro partidos: Demócratas Suecos (con raíces nazis), Moderados, Demócratas Cristianos y Liberales. Los últimos tres partidos son ultra-reaccionarios con claras tendencias fascistas. En esta línea, el actual gobierno ha empezado su mandato con un odio exacerbado hacia los inmigrantes, especialmente contra las personas que no tienen sus papeles en orden. Además, insinúan de refilón que «todos los males en la sociedad sueca se deben a la inmigración». Y en cuanto a su política migratoria, están aplicando una mano de hierro, y en ciertos casos los métodos que se utilizan para deportar a una persona degradan la condición humana.
El ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, con sus discursos moralistas en grado superlativo, ha criticado duramente a los padres de los jóvenes que cometen actos delictivos. Y ha dicho que los padres de los adolescentes involucrados en bandas criminales, deben asumir su responsabilidad. Y, por consiguiente, ha dado a entender que es error de los padres si un adolescente tiene inclinaciones criminales. Es más, Forssell, ha llegado incluso a sugerir seguimientos penales para los progenitores, cuyos hijos estén relacionados con actos criminales.
A mediados del mes pasado estalló una crisis que sacudió la política como el debate social en Suecia: el hijo del mismísimo Johan Forsell, estaba vinculado a grupos criminales de extrema derecha. Según la investigación, de casi un año, llevada a cabo por la revista Expo, el adolescente participó activamente en el movimiento «Club activo de Suecia» (Aktiv Klubb Sverige), intentó reclutar gente para la organización «Suecia libre» (Det fria Sverige) y mantuvo contactos con el «Movimiento de Resistencia Nórdica» (Nordiska motståndsrörelse), un movimiento considerado terrorista por Estados Unidos. De acuerdo a la Inteligencia de Seguridad de Suecia (Säpo) estos movimientos tienen una clara conexión con el extremismo violento de derecha, y son considerados un peligro para la seguridad de Suecia.
En definitiva, Johan Forssell no asumió su responsabilidad de padre al no controlar «la conducta criminal de su hijo». Y, por lo tanto, según sus propias conjeturas tendría que ser sometido a un juicio penal. Esta conducta rara e injusta por parte del gobierno, es un claro ejemplo de moralización selectiva: la misma conducta se interpreta de un modo u otro según la clase, la posición social y el capital político de los involucrados. Este doble estándar no es nuevo en Suecia. Las élites tienden a enmarcar los desvíos de los «suyos» como fallos individuales relativizando los hechos delictivos. Mientras los fallos de los jóvenes inmigrantes de barrios vulnerables exigen castigo y reformas punitivas.
Miles de inmigrantes en Suecia trabajan en restaurantes, hospitales, asilos de ancianos, construcción, limpieza, transporte, tiendas, cárceles, fábricas, colegios, universidades, viviendas para personas con discapacidad, jardinerías, oficinas, peluquerías, salones de belleza; etc. También hay miles de inmigrantes trabajando en otras áreas de la sociedad. Dicho de otra manera, Suecia no funciona ni un solo minuto sin los inmigrantes. Según estudios estadísticos, la inmigración en Suecia en sí, no es una causa para la criminalidad; pero también es cierto que hay una sobrerrepresentación de hombres jóvenes de origen inmigrante en ciertos tipos de delincuencia, especialmente en zonas vulnerables con alto desempleo y escasa integración.
Tomando en cuenta todo lo indicado arriba, el caso del hijo de Forssell expone una fractura de credibilidad de un gobierno que maneja un discurso oficial para penalizar la marginalidad cuando está lejos del poder, y encubre la responsabilidad cuando toca a los propios. Si se quiere coherencia y democracia en la tarea de castigar un delito, la solución no es guiarse por el libreto de doble moral, sino más bien aplicar el mismo rasero ético sin mirar el apellido, el lugar donde se vive ni el color de la piel.
