Un estado moderno es probablemente la organización más compleja que existe. Tiene que gestionar sanidad, educación, pensiones, infraestructuras, energía, seguridad, justicia, investigación, relaciones internacionales y sistemas regulatorios enormemente sofisticados. Maneja presupuestos gigantescos y decisiones técnicas de altísimo impacto.
Sin embargo, exigimos más preparación para dirigir una empresa privada que para administrar un país, una comunidad o una localidad. Esa percepción alimenta una pregunta: ¿debería profesionalizarse más la gestión del Estado?
Sería necesario para blindar ciertas áreas estratégicas frente al vaivén político constante, el “quítate tú, que me pongo yo”. Porque la frustración de muchos ciudadanos no nace necesariamente de la existencia de ideologías distintas. Nace de la constatación de que demasiadas veces el interés partidista termina imponiéndose al interés general.
Y ahí aparece uno de los grandes problemas estructurales de las democracias modernas: la colonización institucional. Cuando organismos públicos, empresas estatales, reguladores o incluso ciertos contrapoderes empiezan a percibirse como extensiones de los partidos, la confianza se erosiona. La separación de poderes deja de verse como un principio sólido, no en vano, hay una negociación de cuotas de influencia.
Ese deterioro es más peligroso de lo que parece, porque la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Depende de que existan instituciones suficientemente independientes como para limitar abusos, garantizar controles y establecer reglas comunes por encima de intereses coyunturales.
La corrupción encaja también dentro de esa lógica. A menudo pensamos en ella solo como enriquecimiento ilícito, pero hay formas más sutiles y probablemente más dañinas: nombramientos por afinidad política, redes clientelares, utilización partidista de instituciones, decisiones orientadas al rendimiento electoral inmediato y ocupación de espacios públicos con lógica de partido.
Todo eso genera una sensación difícil de ignorar, que el Estado deja de pertenecer plenamente a los ciudadanos y empieza a funcionar parcialmente como un territorio disputado y negociado entre estructuras partidistas.
Y cuanto más ocurre eso, más personas empiezan a preguntarse si el problema no está solo en quién gobierna, sino en cómo está diseñado el sistema.
Pero aquí conviene ser prudentes. La solución tampoco puede ser sustituir la política por una especie de administración puramente técnica y desideologizada, porque eso tiene sus propios riesgos. No existe una gestión completamente neutral.
Incluso las decisiones aparentemente técnicas implican prioridades morales: cuánto redistribuir, qué proteger, qué libertades priorizar, … Eso también es política.
Quizá el verdadero reto no sea eliminar ideologías o partidos, sino reducir su capacidad de invadirlo todo. Separar más claramente gestión y propaganda y blindar las instituciones. Profesionalizar determinadas áreas estratégicas. Premiar la competencia y no solo la fidelidad al partido o al líder. También, pensar más allá del siguiente ciclo electoral, gobernar con las luces largas.
En definitiva, recuperar la idea de que liderar un país no debería parecerse tanto a una campaña permanente.
La democracia no está muriendo, pero muestra síntomas de agotamiento de una forma concreta de hacer política.
Y quizá el ciudadano contemporáneo no esté pidiendo menos democracia, sino algo mucho más exigente: una democracia más madura, menos tribal y más orientada a servir que a conquistar poder.
