Crónicas de nuestro tiempo

Pobres nicaraguenses

La salud del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, vuelve a estar en el centro del debate político, alimentando rumores, temores y análisis sobre el incierto porvenir del país centroamericano. Su prolongada ausencia en actos públicos ha disparado las alarmas.

La especulación es cada vez más consistente: ¿está Ortega, de 78 años, gravemente enfermo y al borde de la muerte?
Todo apunta, a que Ortega estaría postrado con una insuficiencia renal severa. Aunque el dato no ha sido confirmado oficialmente —en un régimen que ha hecho del secretismo una política de Estado—, la versión ha sido reproducida por medios independientes y activistas en el exilio. La sospecha, tiene su origen a partir del día en el que el mandatario debía asistir el pasado 19 de mayo a un acto por el natalicio de Augusto C. Sandino y no lo hizo. Siendo entonces cuando empezó a circular la versión de que su salud está en estado crítico,  planteándose una pregunta que en Nicaragua muchos piensan en silencio: ¿qué pasaría si el dictador muriera?

Para comprender el actual momento, es imprescindible revisar el camino recorrido por Daniel Ortega. Fue uno de los líderes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización guerrillera que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979. En sus primeros años al frente de la revolución, Ortega fue visto por muchos como un símbolo de la lucha contra el autoritarismo.
Sin embargo, el giro ha sido radical.

Tras perder el poder en 1990 y regresar en 2007 mediante las urnas, Ortega transformó su mandato en una dictadura personalizada. Reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida, capturó todos los poderes del Estado -incluyendo el judicial y el electoral-,  reprimió a la prensa y encarceló a toda figura opositora que pudiera disputarle el trono. Algo que en España, empieza a vislumbrase, siguiendo parámetros de Cuba Venezuela y Nicaragua, con la diferencia de ir invadiendo poderes utilizando formas antidemocraticas teóricamente fraudulentas y legítimamente legales ¡La experiencia es un grado!
Pero sigamos:

Las elecciones de 2021 fueron una farsa. Ortega se presentó sin competencia real, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales, periodistas, empresarios, líderes estudiantiles, sacerdotes y defensores de derechos humanos. Desde entonces, el país vive bajo un estado de represión sistemática: exilios forzados, cancelación de más de 3.000 ONG, cierre de universidades, confiscación de medios de comunicación, y la instauración de un sistema de vigilancia social controlado por el partido-Estado. Aquí, el control empezará, a través del asalto imponiendo el euro digital.

Ortega no gobierna solo. Su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es la figura clave del régimen. Durante años, ha tejido una red de poder alrededor suyo, asumiendo funciones políticas, administrativas, comunicacionales y hasta espirituales. Su presencia es omnipresente: encabeza las cadenas oficiales diarias, diseña la narrativa del régimen y ejerce control sobre todas las instituciones claves.

Est terrorista dictador, lidera lo que se llama una "banda de cuatro": ella misma, Fidel Moreno (operador político del FSLN), Ovidio Reyes (presidente del Banco Central) y el comisionado general Francisco Díaz (jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega). Esta estructura ha servido para vigilar, reprimir y sostener el poder a cualquier precio.

La muerte de Ortega no implicaría, necesariamente, un cambio. De hecho, podría derivar en un régimen aún más cerrado y paranoico. Murillo no se sentiría segura. Su reacción natural sería aumentar la represión, blindar al círculo de poder y eliminar cualquier disidencia interna o externa.

El secretismo es una de las señas de identidad del orteguismo. La muerte de figuras históricas del sandinismo, como Tomás Borge o Hugo Torres, fue ocultada o anunciada con retraso mientras el régimen calculaba cómo controlar el relato. Incluso el estado de salud del propio Ortega ha sido objeto de rumores anteriores -desde 2014- sin que jamás se haya publicado un parte médico oficial.
Durante la pandemia, el gobierno negó la gravedad del COVID-19, se negó a implementar medidas sanitarias y al igual que el "Zapa-Sanchismo" ocultó los datos reales de fallecimientos, aparte de lucrarse de ello. La lógica es siempre la misma: la acusaciónel como herramienta de poder y las dádivas en forma de migajas como mecanismo de control social; lo que suele acontecer en olvido y silencio.

Hoy, en pleno 2025, nadie dentro del aparato estatal se atreve a hablar. Hasta las camareras están bajo vigilancia. Cualquier filtración puede costar el empleo, la libertad o el exilio.

A pesar de lo que podría parecer, la posible muerte de Ortega (al que le pegaría más llamarse Hortiga) no asegura una transición democrática. Todo indica que el sistema ha sido diseñado precisamente para sobrevivir a su creador, tal y como se viene fraguando con el "Zapa-Sanchismo" en nuestro país.

El verdadero desafío está en la capacidad de la oposición, lo mismo que nos ocurre con el silencioso y poco de fiar, Feijoo.

En Nicaragua, esa oposición  -actualmente debilitada, exiliada y fragmentada- no puede articular un frente común capaz de enfrentarse, no solo a Murillo, sino al aparato represivo que la sostiene.

Cuando este pajaro dictador y terrorista baje a los infiernos, habrá homenajes, funeral de Estado, discursos huecos y duelo nacional. Pero también habrá redadas, persecución interna y purgas dentro del propio sandinismo. No será una transición, sino una reconfiguración del miedo.

Nicaragua, una vez más, se enfrenta al abismo. El ocaso físico de Ortega podría convertirse, paradójicamente, en el inicio de una nueva fase de oscuridad. Todo dependerá de quién logre tomar el control cuando el silencio que hoy rodea al dictador se vuelva definitivo.

Pese a las reiteradas denuncias de organismos multilaterales, la presión internacional sobre Nicaragua ha sido irregular. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas y personales contra altos cargos del régimen, incluidos Ortega y Murillo. Sin embargo, estas medidas no han alterado el núcleo del poder ni frenado la represión.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la violación sistemática de derechos humanos y declaró ilegítimas las elecciones de 2021, pero Nicaragua respondió con un proceso de retiro voluntario del organismo. El régimen también ha rechazado la presencia de misiones de verificación y ha cerrado toda vía de diálogo con la comunidad internacional.

Por otro lado, Ortega ha reforzado sus vínculos con países como Rusia, Irán, Venezuela y China,          (como así huele que ocurrirá con el "Zapa-Sanchismo" alineándose con los Brics) con quienes comparte un modelo de “autoritarismo estratégico” basado en el control de la narrativa (recordemos la memoria histórica); la represión preventiva (leyes absurdas de nuestro gobierno con los animales, ecología y control de medios y peridistas) la cooptación institucional (el asalto a los poderes del Estado).

Las organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, siguen denunciando crímenes de lesa humanidad, pero sus informes son descalificados por el régimen como “instrumentos del imperialismo”.
Mientras tanto, miles de nicaragüenses han huido del país. Estados Unidos, Costa Rica, España y México han recibido flujos crecientes de exiliados, muchos de ellos con causas judiciales abiertas en su país por el solo hecho de expresarse libremente.