Según datos oficiales publicados recientemente, durante 2024 la mortalidad infantil en Argentina aumentó. La tasa llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un incremento del 6,25% respecto de 2023, cuando el indicador era de 8 por cada 1.000. La mortalidad materna también mostró un aumento del 3% en comparación con el año anterior. Con estos valores, se quiebra una tendencia de más de dos décadas de descenso sostenido.
Los datos corresponden al primer año de gobierno de Javier Milei. Expertos en salud pública advierten que el contexto de fuertes recortes presupuestarios y cambios estructurales en la política sanitaria nacional podría estar influyendo en el deterioro de estos indicadores.
La mortalidad infantil es uno de los principales marcadores del desarrollo de un país —junto con la alfabetización y la esperanza de vida— porque refleja de forma directa el acceso a la salud, las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida.
Para dimensionarlo: en los países más desarrollados la mortalidad infantil se ubica cerca o por debajo de las 2 muertes cada 1.000 nacidos vivos.
Otros puntos clave de la política de salud del actual gobierno son:
- Cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Instituto Nacional del Cáncer (INC).
- Cese del Plan ENIA, reconocido internacionalmente por reducir el embarazo adolescente.
- Desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que garantizaba derivaciones y cirugías vitales para unos 4.000 bebés por año, la mitad de los cuales necesitan intervención quirúrgica.
- Recortes significativos al presupuesto de Salud.
- Retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.
- Suspensión del financiamiento a programas de vacunación.
- Veto a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica.
El retiro del Estado de áreas críticas del cuidado perinatal y la salud pública sucede además en un contexto de crisis económica y social, con deterioro laboral, aumento del desempleo y una creciente dificultad de las familias para acceder al sistema de salud. Las consecuencias se sienten con más fuerza en los sectores más desprotegidos.
La mortalidad infantil es un indicador duro, que condensa la situación social, económica, educativa, cultural y sanitaria de un país. Por eso es utilizado en comparaciones internacionales. Que este indicador aumente después de tantos años de descenso es alarmante.
¿Por qué siempre lo pagan los más débiles?
Porque en cualquier gobierno, bajo cualquier ideología y en cualquier circunstancia, hay sectores que deben ser intocables: bebés, niños, las personas con cáncer, con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Aquellos a quienes un sistema solidario debe proteger primero.
Recortar ahí no es ajustar: es olvidar nuestra humanidad. Y un país que olvida a sus más vulnerables, se olvida a sí mismo.
