Políticos y no políticos han convertido la protección del menor extranjero en un mecanismo que ha degenerado en una máquina burocrática que se alimenta a sí misma. Lo que nació como un deber moral ha mudado en un sistema que gratifica la llegada indiscriminada de menores, castigando la responsabilidad familiar y enriqueciendo a quienes viven de administrar las miserias ajenas. No estamos frente a un acto de compasión, esto es un negocio de conveniencia.
La ley exige que todo menor repatriado disponga de un «entorno seguro y adecuado», fórmula —tan pomposa como vacía— interpretada con un rigor tan extremo que convierte cualquier hogar humilde del Magreb en indigno. Así, lo que debe ser un estándar mínimo lo han transformado en un listón imposible. Es una sentencia inevitable que impide que el menor vuelva a su casa aunque lo espere la familia. España se obliga a tutelar a quien llega, hasta cuando no debe.
Mientras tanto, todos fingen ignorar la procedencia de los menores. Se pasan la responsabilidad de unos a otros, alegando que no habla, no recuerda o no sabe. Señores, basta un teléfono para escuchar la voz de sus padres. Pero este dichoso sistema no lo exige, la ley no les obliga y, por supuesto, la burocracia rehúye cualquier problema. Son demasiados actores viviendo de los menores.
En torno a esta realidad se ha erigido un ecosistema económico que mueve millones. ONG que gestionan centros, empresas proveedoras y administraciones que quieren más presupuesto, personal y oficinas. Porque aquí cada menor es un contrato que aumenta la subvención, más partidas presupuestarias y, por supuesto, más gente comiendo del pesebre. Es una inercia que día a día destruye países.
Algunos nos preguntamos si España puede sostener esto indefinidamente. ¿En realidad podemos asumir la carga de todos los menores del mundo que, por pobreza o desorden familiar, no tengan un entorno “adecuado”? Ahora vendrán los progres y mantenidos diciendo que sí, pero la única respuesta posible es no.
Urge una reforma moral y jurídica que devuelva al Estado su capacidad de proteger sin arruinarse y de poder acoger sin ser un ingenuo, porque no podemos ser rehenes de nuestra propia legislación. Así pues, hay reformas que son claras y muy necesarias: Reforma del estándar de repatriación: debe sustituirse ese “entorno adecuado” por “entorno familiar existente”. La familia es el primer refugio del menor, aunque sea humilde; Identificación biométrica obligatoria: Identificación mediante huella, fotografía y registro compartido con países de origen. Porque sin identificación, no hay tutela; Centros de identificación en frontera: todo menor debe ser identificado antes de entrar en territorio español; Acuerdos bilaterales vinculantes: si el país de origen no colabora, debería suspenderse todo tipo de ayudas, visados y beneficios; Endurecimiento del régimen de ONG: es muy necesario que se realicen auditorías estrictas, con límites de financiación y obligación de colaborar en repatriaciones; Responsabilidad diplomática: ningún Estado puede ni debe desentenderse de sus menores sin consecuencias.
Algunos tacharán estas medidas de crueldad, pero diré que son sensatez, porque la compasión sin orden conduce al abandono y a una tutela falsa por falta de responsabilidades.
A la pregunta sobre si España debe proteger al menor, sí, pero también debe protegerse a sí misma. Para ello necesita leyes que no conviertan nuestra buena voluntad en un pozo sin fondo, porque la solidaridad no debe confundirse con un negocio. La infancia merece cuidados, pero sólo en un país que se respete a sí mismo y con una legislación que preserve la cordura.
