España atraviesa un momento en el que la nacionalización se ha tornado en moneda de cambio, dejando de ser un acto solemne para convertirse en un simple recurso político. La reciente avalancha de nuevas concesiones —gestionado con total entusiasmo por el gobierno socialista y sus adláteres— ha despertado dudas razonables sobre la pulcritud del registro. Hay dudas sobre si se ha actuado con la ecuanimidad que exige un asunto tan importante porque, entendemos que, cuando el poder administra la identidad de un pueblo su obligación es hacerlo con total escrupulosidad.
Italia encontró en la «Circunscripción exterior» una solución o un mecanismo que puede servirnos de ejemplo. Fue creada para ordenar el voto de los ciudadanos residentes fuera del país, de manera que se les permite participar en la vida democrática sin alterar el equilibrio interno ya sea en Roma, Milán o Nápoles. No son extranjeros, sino ciudadanos adscritos a una partida electoral específica que fue diseñada para evitar que el censo se convierta en un arcano manipulable. El sistema es sobrio, casi ascético, y limita que quienes viven lejos del territorio influyan en todas las circunscripciones nacionales. Se limita además su participación en la representación exterior pero preservando la integridad.
España, en cambio, ha abierto sus puertas con tanto entusiasmo que roza la temeridad. Se han otorgado nacionalidades con tanta celeridad que cada certificación deja una sombra de duda. Cuando el registro se ejecuta con tanta precipitación, el riesgo de alterar el orden natural de las cosas se multiplica, y si, además, la operación está en manos de un socialista, el peligro se duplica. Hay recién nacionalizados que no saben, siquiera, que España es un país —en ocasiones con frontera—.
La circunscripción exterior italiana podría ser, para nosotros, un dique contra la arbitrariedad. Permitiría que los nuevos nacionales residentes en el extranjero participen en la vida democrática sin alterar el equilibrio interno de nuestras circunscripciones. Sería una solución justa, razonable y, sobre todo, preventiva, porque impediría que el censo se convierta en un instrumento de facción —pero nadie se engañe, es lo que buscan algunos—. Con todo, en política, la prevención es más barata que la reparación.
La nacionalidad no puede utilizarse como un arma política. Es un pacto entre individuo y nación, un vínculo jurídico y moral que exige responsabilidad. España no puede permitirse que su censo sea un misterio sujeto a la voluntad del gobernante de turno, por eso necesita un sistema que, como el italiano, preserve la integridad del voto y evite alteraciones, pero también que cierre la puerta a las argucias que buscan sostener a dictadores y corruptos mediante un mecanismo de ingeniería demográfica. Si permitimos manipular el censo, entonces la democracia dejará de ser ese régimen justo que se aplaude.
