En algún momento, sin que nadie lo decretara oficialmente, los colombianos dejamos de tener un problema de seguridad y pasamos a tener una costumbre. La costumbre de cerrar el negocio temprano. De no salir después de las ocho. De conocer de memoria qué calles se cruzan y cuáles se evitan. De leer la noticia del muerto, suspirar y seguir desayunando. Eso no es miedo. Es adaptación. Y la adaptación al peligro es la señal más silenciosa —y más aterradora— de que el Estado ya perdió una batalla que ni siquiera reconoce que estaba peleando.
En Madrid hay problemas. No hay que romantizar lo que no lo es. La inseguridad existe en Lavapiés, en Vallecas, en ciertos corredores nocturnos donde la presencia del Estado se siente menos. Hay quejas ciudadanas, debates en el Ayuntamiento, titulares de prensa. Pero hay algo que nosotros los colombianos ya vemos casi como un lujo: respuesta institucional. Hay patrullaje, hay denuncias que se reciben, hay fiscales que investigan, hay jueces que condenan. El Estado no ha abdicado. Se puede discutir si responde suficientemente rápido o con suficientes recursos, pero nadie discute que responde.
Esa es exactamente la diferencia que nosotros deberíamos entender de una vez por todas.
Aquí la inseguridad dejó de ser percepción hace mucho tiempo. No es que seamos más miedosos ni que exageremos. Es que tenemos razones concretas, cotidianas, estadísticas para serlo. Las extorsiones a comerciantes que operamos en silencio porque denunciar sale más caro que pagar. Los barrios donde negociamos la tranquilidad con el actor armado de turno porque la Policía no llega o llega tarde. Las carreteras donde el Estado comparte jurisdicción con quien tiene más fusiles. Eso no es percepción. Es la geografía real de nuestro miedo.
Y lo más grave no es la violencia en sí, que ya sería suficiente. Lo más grave es que nos acostumbramos. Llevamos décadas procesando cifras que en cualquier país europeo desatarían una crisis de gobierno. Un alcalde español que registrara en su ciudad las tasas de homicidio que tenemos en municipios colombianos de tamaño similar estaría en el paredón político en cuestión de semanas. Nosotros publicamos el informe, lo lamentamos en un trino y pasamos a otra cosa. La tragedia se nos volvió ruido de fondo.
Madrid no resolvió su seguridad solo con más policías; la resolvió también con datos. Cámaras inteligentes que identifican patrones, sistemas de análisis predictivo que anticipan dónde va a ocurrir el delito antes de que ocurra, plataformas de denuncia ciudadana que funcionan y aplicaciones de coordinación policial en tiempo real. Cuando el Estado deja de perseguir el crimen y empieza a prevenirlo con inteligencia, la delincuencia retrocede.
En España, independientemente del partido que gobierne, existe un consenso básico: el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y ese monopolio no se negocia, no se comparte, no se delega. Nosotros hemos visto cómo ese consenso se erosiona año tras año. Negociamos con grupos armados sin exigir desarme real. Toleramos economías criminales bajo el eufemismo de la paz territorial. Confundimos la presencia del Estado con ocupación militar y entregamos espacios que nos costará décadas recuperar.
En Madrid la inseguridad es un problema que el sistema intenta resolver. En Colombia es un síntoma de un Estado que, en demasiados de nuestros territorios, simplemente no está.
Gobernar la seguridad no es solo poner más policías en las calles, aunque a veces eso también hace falta. Es construir instituciones que lleguen antes que los armados, que usen la tecnología disponible para anticipar el crimen en lugar de recoger los pedazos después, que procesen las denuncias sin dejarlas morir en un cajón y que condenen con una justicia que nos inspire algo más que escepticismo. Es recuperar el control del territorio no como acto de guerra sino como acto de gobierno.
Mientras en Madrid se debate si hay suficiente presencia policial en tal o cual barrio, nosotros tenemos municipios enteros donde nadie se hace esa pregunta porque la respuesta ya la sabemos todos: no hay ninguna. Esa es la diferencia entre un Estado que tiene retos y un Estado que tiene renuncias. Y una renuncia del Estado no es un problema de percepción. Es una crisis de fondo que ningún discurso de paz puede disfrazar.
